ESCUCHARLos hechos investigados ocurrieron en junio de 2019, en la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal. Se destacó la gravedad institucional de lo sucedido
El juez federal subrogante Luis Armella procesó a 54 agentes penitenciarios por torturas en perjuicio de internos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Hizo lo propio con el jefe de Día del establecimiento, por la omisión de impedirlas. Además, embargó los bienes de los encausados por sumas de entre 10 millones y 15 millones de pesos, según los cargos y funciones de cada uniformado.
El magistrado resolvió en línea con el requerimiento de la titular de la Fiscalía Federal Número 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
A su turno, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró los hechos, ocurridos en forma continua entre el 9 y el 13 de junio de 2019, como de “suma gravedad institucional” por la cantidad de agentes penitenciarios involucrados, entre quienes hay integrantes del cuerpo de requisa; médicos de guardia; bomberos del Grupo de Operaciones Antisiniestros (GOAS) y del Grupo de Resolución de Incidentes (GERI); celadores del pabellón B y la totalidad del personal de la jefatura de Turno de la Unidad Residencial III.
Investigación
De acuerdo con la investigación, los ilícitos ocurrieron cuando los penitenciarios ingresaron al pabellón B con el fin de disipar un reclamo de los reclusos alojados allí.
En ese contexto, indicó que se produjo un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza porque dispararon en numerosas oportunidades, con postas de goma, en forma directa al cuerpo de los internos, a quienes también rociaron con gas pimienta y golpearon cuando ya habían sido reducidos y no oponían resistencia.
También estableció que durante esa secuencia los médicos omitieron asistir a los lesionados.
Precisó asimismo que las víctimas fueron encerradas en sus celdas hasta el 13 de junio, sin atención médica ni alimentación, ni posibilidad de acceder a los baños ni a la electricidad.
Alerta
Después de recibir una alerta sobre lo que ocurría, una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, concurrió al lugar y advirtió del estado en el que estaban los internos.
Posteriormente, se verificó que las autoridades penitenciarias falsearon las actuaciones administrativas y el sumario de prevención, a fin de ocultar su accionar.
Oportunamente, la fiscal Incardona junto a su colega Claudio Pandolfi y personal de la Gendarmería Nacional concurrieron a Ezeiza para levantar rastros, recibir la declaración de las víctimas -que fueron filmadas en su lugar de detención- y documentar sus lesiones.
También relevaron el estado de las instalaciones carcelarias y secuestraron las filmaciones de las cámaras de seguridad y documentación de interés para la causa.
En paralelo, se interpuso una acción de habeas corpus, en cuyo marco la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en línea con lo solicitado por el MPF y la Defensoría Pública Oficial, consideró que los hechos constituían un agravamiento ilegitimo de las condiciones de detención.
La Fiscalía destacó que el trabajo conjunto de las distintas áreas del MPF permitió una “sólida imputación” que derivó en el procesamiento, en primera instancia, de los agentes penitenciarios implicados en orden al delito de torturas.
