Procesan y embargan a una médica que falsificó dos test de PCR

La Sala 1 de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra una médica acusada de la presunta falsificación de dos test PCR de detección de covid-19 . En la misma resolución, se confirmó el embargo contra la profesional, aunque por un monto inferior al que había resuelto el tribunal inferior.

La causa se originó por la denuncia que presentó el laboratorio Centralab SA, cuando descubrió dos informes “falsos”, que habrían sido emitidos el 8 de septiembre de 2020, con su membrete, errores de ortografía y a pedido de esta profesional, algo que -denunciaron- nunca sucedió.

Durante la investigación en los tribunales federales de Retiro se dio por probado que la médica vendió los test a 3.500 pesos a dos pacientes que los necesitaban para un informe prequirúrgico.

La médica fue procesada como supuesta “autora penalmente responsable del delito de uso de documento privado falso”, “estafa” reiterada en dos oportunidades y embargo de 500 mil pesos . La Cámara Federal porteña redujo éste a 200 mil.

En su declaración indagatoria, la médica negó conocer a los pacientes y declaró que no realizaba test de PCR en su consultorio , pero sí reconoció que envió, vía Whatsapp, a otro galeno los informes cuestionados pero que no recordaba quién se los había mandado.

“ El descargo de la nombrada pierde verosimilitud a la luz de los testimonios de G. y M., cuyos dichos son coincidentes . Ambos declararon haber ido al consultorio de la imputada -siendo derivados para un estudio prequirúrgico por el Dr. C.- a fin de realizarse una prueba de covid-19”, destacó el tribunal de apelaciones.

Un peritaje del celular de la médica, secuestrado en un allanamiento al consultorio, determinó que “dentro de dicho móvil se hallaban los estudios apócrifos”.

Los pacientes declararon que llegaron al lugar derivados por su médico y que se les dijo que las muestras que se les tomaron “serían analizadas en el laboratorio correspondiente”.

Así las cosas, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi entendieron que los argumentos de la defensa ”no alcanzan para modificar el temperamento adoptado por el magistrado de la anterior instancia”.

“Se tiene por probado -con el grado de certeza que este estadio procesal requiere- que la imputada utilizó los documentos apócrifos para justificar el cobro por los servicios prestados en conceptos de pruebas PCR”, con lo cual indujo a “error” a los dos pacientes ”.