ESCUCHARPor ser delito de lesa humanidad el que trató el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba para procesar a un ex oficial del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia como probable responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en perjuicio de seis personas, hechos ocurridos en 1978, la jueza Cristina Garzón de Lascano expresó que “todo el conjunto abyecto de condiciones de vida y muerte a que se sometiera a los cautivos, si son analizados desde sus objetivos, efectos, grado de crueldad, sistematicidad y conjunto, han confluido a generar el delito de imposición de tormentos de una manera central, al menos conjunta con la figura de la detención ilegal, y de ningún modo accesoria o tangencial a ésta”.
Dicho de otro modo, “tan probado se encuentra en autos que todas las víctimas han sido privadas ilegalmente de su libertad de desplazamiento, como que todas ellas, más allá del lapso durante el cual estuvieron en esa condición, fueron, al mismo tiempo, objeto de tormentos en sentido jurídico penal, más allá de si se le infligieron o no tormentos físicos, puesto que estos últimos fueron una de las once caras con la que se reveló, de modo sistemático y generalizado, esta aberrante práctica que campeó en estos sitios que estamos analizando”, consideró la magistrada al referirse al caso “Gontero Oscar Francisco, Rocha Ricardo Cayetano, Jabour Yamil, Salgado Gustavo Rodolfo, Gómez Miguel Ángel, Merlo Luis David, Yanicelli Carlos Alfredo, Menéndez Luciano Benjamín, Antón Mirta Graciela, Rodriguez Hermes Oscar, Rocha Fernando Martín –pssaa Privación Ilegitima de la Libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Urquiza Luis Alberto y otros-”.
Según el tribunal, el imputado Ricardo Rocha “debe responder como autor directo, inmediato o material, en tanto como integrante del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia, se habría desempeñado colaborando con la dotación del Departamento Informaciones, ejecutando las órdenes recibidas respecto al secuestro y tortura de José María Argüello, Luis Alberto Urquiza, Horacio Samame, Carlos Cristóbal Arnau Zuñiga, Oscar Samame y Raúl Rodolfo Urzagasti Matorras, descartándose la hipótesis de participación criminal propuesta por el Ministerio Público Fiscal, quien consideró a éste como también a todos los restantes imputados coautores de los delitos enrostrados”.
