ESCUCHARLos responsables de una firma productora de frutos rojos quedaron procesados por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, por las condiciones de trabajo a las que estaban sometidas unas 150 personas en predios hortícolas de las localidades bonaerenses de Sierra de los Padres y Tandil, y de la correntina Bella Vista.
La medida la dictó el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, en una causa en la que intervinieron la fiscal federal de esa ciudad, Laura Mazzaferri, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
Según se determinó en la investigación, al menos 150 personas -en su mayoría ciudadanos bolivianos en «situación de vulnerabilidad»- trabajaban en distintos predios con jornadas de hasta 16 horas y sueldos por debajo de los estipulados en las leyes.
El magistrado procesó -sin prisión preventiva- a cuatro investigados: el presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de la empresa.
La instrucción del caso comenzó en 2016, luego de que una docente narró en su blog personal la situación de una de sus alumnas, quien trabajaba en uno de los lugares, conocido como «El Frutillar».
Inchausti consideró probado que “la política de empresa” era la “explotación de un sector de la población vulnerable por su condición de migrante».
Para el magistrado, había «sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa”, ya sea por la dependencia en cuanto a su retorno al lugar de origen (en caso de aquellos migrantes que habían sido trasladados a Mar del Plata bajo promesa de poder volver a su entorno si completaban las tareas encomendadas), por dependencia económica y/o por dependencia habitacional».
En tanto, reseñó que las víctimas tenían “grados de instrucción muy bajos” y niños a cargo.
