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Procesan a camarista por extorsionar a imputados de AMIA

FEDERICO DOMÍNGUEZ
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Federico Domínguez, titular de la Cámara de Casación bonaerense, es acusado de apremiar a los acusados por el atentado terrorista para obtener falsas declaraciones, antes de asumir la magistratura. Lo eximieron de la prisión preventiva.

El presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Federico Domínguez, fue procesado, sin prisión preventiva, como presunto autor del delito de “extorsión” a imputados por el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en los años 90, para obtener falsas declaraciones y direccionar la investigación por el ataque terrorista.

Esta decisión, del juez federal Ariel Lijo, recayó sobre Domínguez, el excomisario Luis Ernesto Vicat, la abogada Marta Parascándalo y otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado. Lijo embargó a todos los procesados por 500.000 pesos.

“Luis Ernesto Vicat, Federico Guillermo José Domínguez, Aldo Andrés Spicacci Citarella, Miguel Ángel Márquez y Marta Nelida Parascándalo ofrecieron beneficios e incluso hicieron uso de amenazas con el único propósito de obligar” a los entonces policías bonaerenses Bautista Alberto Huici, Diego Enrique Barreda y Claudio Walter Araya “a declarar falsamente en la investigación del atentado a la sede de la AMIA que tramitaba ante el Juzgado a cargo del Dr. Galeano”, concluyó Lijo.

En el caso de Domínguez, se lo procesó por haber ofrecido beneficios a Huici cuando como abogado lo representó en la causa penal “a cambio de que declare haber visto” en la Brigada de Investigaciones de Lanús la camioneta Traffic que se usó como cochebomba el 18 de julio de 1994 -que causó 85 muertos-.

También por las presiones a Huici se procesó a Vicat y a la abogada Parascándalo.

En esa brigada revestía el entonces comisario Juan José Ribelli, quien fue acusado del atentado y estuvo preso casi diez años hasta que fue absuelto por un Tribunal Oral.

Los hechos ocurrieron cuando la causa por el atentado tramitaba a cargo del luego destituido juez federal Juan José Galeano, quien ya fue enviado a juicio oral por el pago ilegal de 400.000 dólares al acusado Carlos Telleldín, entre otros delitos.

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