ESCUCHARCon penas que van desde los cuatro años y dos meses a los dos años finalizó ayer el primer juicio oral y público por los fraudes cometidos en el Registro General de la Propiedad de la Provincia.
Las sanciones mayores las recibieron Daniel Osvaldo Cerdá y su esposa Silvia Alejandra Barrera, con condenas de cuatro años y dos meses y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente. Al resto del grupo familiar se le aplicó sanciones de cumplimiento condicional.
Así, la hija del matrimonio, Natalia Azucena Cerdá, fue condenada a dos años y el padre de Silvia, Victorio Benjamín Barrera, a tres años de prisión en suspenso.
Finalmente, el tribunal ordenó la detención del militar Edgar Aguirre Pereyra, luego de aplicarle una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva. Aguirre Pereyra fue el único de los acusados que se declaró inocente a lo largo de todo el proceso.
Un perejil
Antes de dictar sentencia, los vocales Juan José Rojas Moresi, Rodolfo Cabanillas y Oscar Iglesias escucharon la última palabra de los acusados.
En primer término, lo hizo el imputado Daniel Cerdá, quien adquirió una gran repercusión mediática cuando en una de las audiencias del juicio oral acusó al ex gobernador José Manuel De la Sota y a sus ministros provinciales de haber participado en las maniobras ocurridas dentro del Registro General.
“Me veo como un peón, un perejil dentro de una maquinaria muy aceitada”, advirtió, en lo que fue una breve declaración.
A su turno, hizo uso de la palabra su esposa y su hija, quienes tras reconocer los hechos (falsificación de documento público), pidieron disculpas y clemencia.
Mientras tanto, el militar en actividad con destino actual en la guarnición Campo de Mayo, Buenos Aires, insistió en su inocencia. “Fui criado por mi padre como un hombre de bien (…), jamás hubiera puesto en juego mi familia, mis 11 años de carrera, mi libertad, nada (…); tengo un concepto sobresaliente de mis superiores (…); mi padre fue víctima de una estafa (…), creo en Dios y la Justicia”, concluyó.
