Presuntos delitos de lesa humanidad: la CIDH estudiará los crímenes del capitán Viola y de su hija

Ambos fueron asesinados hace casi 50 años por el ERP. La comisión consideró formalmente admisible la denuncia realizada por la familia de las víctimas contra el Estado argentino, que tiene tres meses para hacer su descargo

El domingo 1 de diciembre de 1974, cerca del mediodía, el capitán Humberto Viola, de 31 años, se preparaba para salir a pasear con su familia, en Tucumán.

Estacionó su auto frente a la casa de sus padres.

En las cercanías, tres rodados con miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) aguardaban para matarlo, y lo hicieron.

También asesinaron a su pequeña hija, María Cristina Viola, de tres años. Su hermanita, María Fernanda, de cinco años, resultó herida.

Semanas más tarde comenzó el denominado Operativo Independencia. La orden del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón fue la de “aniquilar” al enemigo en aquella provincia.

Los partícipes del aberrante hecho fueron juzgados, pero durante el gobierno de Carlos Menem recibieron el indulto.

Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró formalmente cumplidos los requisitos exigibles para dar inicio al proceso de admisibilidad de la denuncia presentada contra el Estado argentino por la viuda de Viola y madre de las niñas, María Cristina Picón , fallecida en 2021, para que el caso se declare crimen de lesa humanidad.

En ese marco, la CIDH le dio al Estado un plazo de tres meses para que haga su descargo.

Ginebra

En 2007, Picón, representada por el abogado Javier Vigo Leguizamón, reclamó que lo ocurrido se declarara crimen de lesa humanidad; ello así, porque la Convención de Ginebra del 1949 impide atentar contra civiles en cualquier clase de conflicto interno, sea internacional o nacional.

Sobre esa base, la viuda pidió que se aplicara aquella convención, pero el juez se negó a reabrir la causa.

El letrado de la mujer apeló y la Cámara Federal revocó el fallo del a quo.

No obstante, valoró que no tenía sentido debatir si era o no de lesa humanidad porque los partícipes ya habían sido juzgados.

El letrado cuestionó ese punto de vista alegando que muchos miembros del EPR -fundamentalmente, los autores mediatos del crimen- no se habían sentado en el banquillo de acusados.

La Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema mantuvieron el criterio de la alzada.

Ante ello , en 2016, con el patrocinio de Vigo Leguizamón, Picón presentó una denuncia ante la CIDH.

La viuda de Viola le imputó a la Argentina haber violado las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención Americana de Derechos Humanos, al negarse a reabrir la pesquisa con el fin de determinar si los asesinatos de su esposo y de su hija y las heridas que sufrió María Fernanda fueron crímenes de lesa humanidad.

La CIDH tuvo el expediente en estudio durante más de seis años y acaba de dictar una resolución en virtud de la cual considera cumplidos los requisitos formales para iniciar el denominado proceso de admisibilidad.

En ese marco, le corrió traslado al Estado argentino y luego fijará su criterio. Si hace lugar a la petición, le ordenará reabrir la investigación.

“En Argentina un manto de impunidad ha considerado que los crímenes de la guerrilla no eran de lesa humanidad. Eso se contrapone a toda la jurisprudencia internacional y sostiene que una organización armada con poder de fuego puede cometer un crimen de lesa humanidad. Pero, más allá de eso, el terrorismo guerrillero tuvo el apoyo del Estado argentino y del Estado cubano. Sobre esa base, se ha sostenido la denuncia: a su vez, estamos ante un caso de terrorismo de Estado”, manifestó el letrado Vigo Leguizamón en diálogo con el medio porteño Infobae.

En su descargo, el Estado podrá reconocer o negar que se trató de un crimen de lesa y, en función de su respuesta, reabrir o no la investigación.

De acuerdo con lo que responda, la CIDH puede llamar a una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo, emitirá su informe y le ordenará al Estado acatar sus conclusiones. Si no cumple, la comisión presentará el expediente ante la Corte Interamericana, que es la que en definitiva va a resolver.

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