Presunto lavado: piden confirmar medida de no innovar en pesquisa contra Vicentin

Al dictaminar en el caso, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, opinó que debe negarse el recurso presentado por la empresa y confirmarse el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia respecto de los paquetes accionarios

El titular de la Fiscalía Número 4 ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, dictaminó que debe rechazarse el recurso presentado por los representantes de la firma Vicentin en contra del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, que confirmó la prohibición de innovar de las participaciones sociales que tuviera la empresa , dictada por el Juzgado Federal de Reconquista.

A su turno, un abogado que representa a los acreedores denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) una serie de maniobras que podrían constituir lavado de activos de origen ilícito.

La información se remitió a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Número 11, que investigaba el presunto otorgamiento irregular de créditos del Banco de la Nación Argentina (BNA) a la cerealera.

En diciembre de 2020, en el marco de uno de los expedientes, el fiscal Roberto Salum y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación solicitaron la cautelar de prohibición de innovar respecto de los paquetes accionarios de Vicentin, con el objetivo de asegurar el decomiso del instrumento y/o producto del delito bajo pesquisa.

El a quo hizo lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal (MPF) y autorizó la acumulación del proceso a otro que se encontraba en trámite.

Sin éxito, los representantes de Vicentin recurrieron, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó lo resuelto en primera instancia.

Indicó que el delito de lavado de activos prevé que el juez puede adoptar las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos cuya vulneración aquí se discute.

También indicó que el artículo 14, inciso 5, de la Ley 25246 le otorga facultades a la Unidad de Información Financiera para solicitar que el MPF le requiera al magistrado competente las medidas que se consideren pertinentes.

Los letrados de Vicentin presentaron un recurso de casación que fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, lo que motivó la queja que fue habilitada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP).

Al analizar la cuestión, De Luca estimó que el planteo de los abogados de Vicentin no debe prosperar.

Alegó que el objetivo de la medida de no innovar dispuesta “es intentar asegurar el eventual recupero de activos mediante el decomiso”.

Insistió con que el fin de lo ordenado es impedir que “el provecho del delito pueda ponerse al amparo de una persona de existencia ideal o de un ‘testaferro’, para evitar su recuperación o con el fin de que el delito rinda sus frutos”.

En esa línea, expuso que es necesario prevenir que Vicentin y las empresas en las que participa “continúe desprendiéndose de sus activos”.

“No hay nada irregular ni afectación de garantías en el trámite que se dio a la medida cautelar. Es absurdo pretender que los acusadores requieran una medida cautelar en el expediente principal, pues ello frustraría su fin. Tampoco hubiera resultado idóneo valerse del secreto del sumario porque, como es sabido, es una medida sumamente limitada en el tiempo”, enfatizó.

Por otro lado, entendió que tampoco correspondía considerar el argumento de que los activos de los imputados y las empresas vinculadas fueron destinados a saldar las deudas con sus acreedores , porque ningún acuerdo de esa especie puede prevalecer por sobre el recupero de activos que provienen de un delito.

“Esa situación es consecuencia inevitable de la comprobación de las conductas aquí investigadas en un debido proceso y, por ende, es totalmente independiente y ajeno a los asuntos de los acuerdos con los acreedores”, consideró.

“Razonar de otra manera sería legitimar el pago de deudas de la actividad comercial con dineros provenientes de delitos que lesionaron bienes jurídicos colectivos, sociales, y públicos (delitos contra el orden económico, tributarios, o el patrimonio de entes oficiales); es decir, que no son los de los acreedores”, añadió De Luca.

“Se pretende mostrar como natural o conveniente una situación totalmente antijurídica, confundiendo el dinero de una deuda con el del botín”, abundó.

En cuanto a la existencia de verosimilitud en el derecho, el fiscal destacó que se está en el tramo inicial de la investigación y que el dictado de una medida cautelar no requiere la prueba de la certeza de la existencia del derecho pretendido, sino sólo “la apariencia de buen derecho”.

Concurso

El pasado miércoles 29 de junio, en un comunicado, la cerealera informó que llegó a las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su concurso preventivo de acreedores.

Con los bancos internacionales, logró superar 66,7% del capital verificado.

A mediados de junio, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió intervenir el concurso de la empresa.

Lo hizo por el pedido de “avocamiento” de uno de los principales acreedores.

El tribunal pidió el expediente que llevaba adelante el juez Fabián Lorenzini y suspendió los plazos del proceso.

Vicentin reclamó que el caso vuelva al juez originario de la causa.

Ahora, tras el acuerdo con los bancos del exterior, alcanzó las mayorías necesarias para reestructurar su pasivo, que roza US$1.600 millones.

“Se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación”, informó la compañía.