ESCUCHAREl texto que promueve el diputado opositor Martín Tetaz busca garantizar la alternancia democrática en los sistemas de elección de representantes. Toma los fundamentos de un proyecto del ex presidente Raúl Alfonsín
El legislador tomó los fundamentos de una iniciativa que el ex presidente Raúl Alfonsín envió al Legislativo 11 días después de asumir a su cargo: la denominada “Ley Mucci”.
Transformaciones
Con aquella propuesta, Alfonsín intentó democratizar el modelo sindical, en el entendimiento de que la alternancia era un pilar fundamental para garantizar las transformaciones que el país necesitaba.
Sobre el texto que promueve, Tetaz manifestó que las asociaciones sindicales “se transformaron en empresas comerciales que muchas veces dejan de lado su objeto social”.
Bajo esa premisa, planteó que se requiere una ley para devolver la alternancia y garantizar la transparencia. “En este contexto económico adverso es vital el rol que cumplen los sindicatos”, sumó.
La iniciativa de Tetaz -acompañada por la firma de, entre otros, los diputados Sabrina Ajmechet, Carla Carrizo y Héctor Stefani- establece que los sindicatos deberán presentar todos los años un informe de gestión para otorgar transparencia y que tendrá que haber una fluida comunicación entre los órganos internos de cada asociación y con los afiliados.
Además, prevé que se podrá reelegir un solo mandato y que se deberá esperar cuatro años para volver a presentarse como candidato a cualquier cargo.
Obras sociales
El proyecto de ley de Democracia Sindical presentado por Tetaz también busca terminar con la limitación de posibilidad de cambio de obras sociales. Con ese objetivo, plantea que los afiliados puedan solicitarlo pasados tres meses desde el inicio de la relación laboral.
A fines de 1983, Alfonsín giró al Congreso Nacional una ley de reordenamiento sindical elaborada por el ministro de Trabajo, Antonio Mucci.
Con ese paso, comenzó una disputa con los gremios que signó su gobierno.
Durante la campaña electoral, el radical denunció un “pacto sindical-militar” entre sectores de la cúpula gremial con la dictadura para, presuntamente, negociar la impunidad de los represores.
Con la victoria de Alfonsín ante el candidato del PJ, Ítalo Lúder, el peronismo y la cúpula gremial cayeron en una crisis de liderazgo.
En marzo de 1984, el por entonces secretario de Trabajo del gobierno radical, Roberto Bigatti, informó ante la prensa que de las 1.171 de las asociaciones sindicales registradas, unas 768 debían ser normalizadas.
De ese listado, 588 tenían comisiones directivas con mandatos prorrogados o con miembros elegidos antes del régimen militar, 75 estaban con delegados normalizadores dispuestos por aquella cartera y 105 eran encabezadas por comisiones transitorias nombradas en los últimos años de la dictadura.
Con liderazgos sin sustento electoral y organizaciones irregulares, el alfonsinismo buscó modernizar las estructuras sindicales.
La legislación garantizaba la representación de las minorías opositoras, proporcionaba la fiscalización del Estado en pos de la transparencia en los comicios y flexibilizaba los requisitos para ser candidato gremial. Alfonsín tuvo algunos aliados sindicales, como el Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS), del que provenía Mucci; el Encuentro Nacional de los Trabajadores (ENTRA); la Asamblea Gremial Argentina (AGA) y el Plenario Sindical Nacional (PSN).
Los gremios mayoritarios vieron la iniciativa como un intento de intervenirlos, dividirlos y hasta debilitarlos.
En una entrevista televisiva, al defender el proyecto de reordenamiento sindical, Alfonsín declaró: “Es notable que digan que es una ley intervencionista. Nuestra justicia electoral controla la actividad interna de los partidos políticos para asegurar su democracia interna, y así debe hacerlo también en los sindicatos”.
Sin embargo, su proyecto naufragó en el Parlamento y fue rechazado en la Cámara Alta por apenas un voto, de Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
La “Ley Mucci” propició la reunificación sindical.
La CGT se puso en estado de alerta y movilización ante lo que calificó una política intervencionista y denunció ante la OIT “la violación de la autonomía y libertad gremiales”.
Alfonsín entabló un diálogo más conciliador con los dirigentes gremiales y surgió una nueva ley de reforma. Se suprimieron algunos puntos de la propuesta original (se recortó la participación de las minorías, se redujo la fiscalización externa del Estado y se impusieron criterios más restrictivos para afiliaciones y candidaturas).
En agosto de 1984 la CGT decretó el primer paro general contra el gobierno radical. En total, Saúl Ubaldini concretó 13 paros nacionales y más de 4.000 huelgas sectoriales.
