ESCUCHARLo hizo el diputado y consejero de la magistratura de la Nación Pablo Tonelli, quien pidió que sea suspendido y que se inicie el juicio político en su contra. Denunció que obstruye la actuación de la Justicia
El diputado y consejero de la magistratura Pablo Tonelli presentó un dictamen acusatorio contra el juez federal de Mendoza Walter Bento y pidió que se lo suspenda y se inicie su juicio político por mal desempeño.
El sentenciante está incriminado por supuestos graves hechos de corrupción, que incluyen haber cobrado coimas y falsedo su declaración patrimonial ante Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).
Está procesado por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero pero sigue interviniendo en causas por narcotráfico y trata de personas. Además, es magistrado electoral de la Provincia de Mendoza.
“Luego de un año y medio de investigación y medidas de prueba, tengo la convicción de que estamos ante un claro caso de mal desempeño y de que, por ello, corresponde resolver el enjuiciamiento del juez Bento por parte del Jurado de Enjuiciamiento previsto en la Constitución Nacional a fin de apartarlo de su cargo. Para tener efecto durante el tiempo que dure el enjuiciamiento, si así lo resuelve el plenario del Consejo, he propuesto la inmediata suspensión del juez investigado”, manifestó Tonelli, del PRO.
El dictamen acusatorio debe ser votado en la Comisión de Acusación, de la que Tonelli es parte. Si obtiene mayoría simple irá al plenario, en el que se necesitan los dos tercios de los votos de los consejeros.
Además de repasar la trama de corrupción por la cual el magistrado quedó incriminado, Tonelli lo acusó de incurrir en graves desórdenes de conducta, por “intentar obstruir o impedir” las investigaciones que la Justicia federal tenía en su contra.
Asimismo, denunció que se probó un “flagrante incumplimiento de las normas aplicables a procesos de concursos” ante el CMN y que Bento tuvo comportamientos contrarios al decoro y a la dignidad con la que debe obrar un juez de la Nación.
A principios de octubre pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la elevación a juicio de la causa que lo involucra como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales. El 8 se de este mes se admitió su pedido.
La acusación fiscal alcanza también a otras 28 personas, entre ellas, a la esposa y a los hijos del magistrado.
Los incrementos patrimoniales que se le atribuyen a Bento y su cónyuge, Marta Boiza, según refiere el auto de elevación, “tienen como punto de partida sus designaciones en la función pública, como juez y empleada del Poder Judicial de la Nación, respectivamente”.
Además, consigna que en la pericial contable producida se analizó la situación desde 2005 en adelante, resultando una prueba de significativa importancia para determinar la forma como se vio incrementado el patrimonio de la pareja y cómo ello impactó en el de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo Bento.
En esa línea, plantea que se demostró la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007 y de más de tres personas, destinado a “la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía Bento”.
Indicó que la “banda criminal” que lideraba tenía como organizadores a abogados. Como miembros también sindicó a letrados, así como al comisario de la Policía de Mendoza José Moschetti y el acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
La fiscalía señaló que, en función de ese esquema, la fase judicial del accionar del grupo tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso.
En esa etapa, el MPF reseñó que la coima consistía en el pago de sumas de dinero variables –generalmente, en dólares-, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles- como condición previa para conceder beneficios ilícitos.
En la investigación se determinó que la impunidad de hecho se concretaba mediante el dictado de sobreseimientos o, como se acreditó en la mayoría de los casos, de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave), todas medidas adoptadas por Bento en persona o aprovechándose de la buena fe de su subrogante legal.
En abril pasado, en su primera decisión con su integración ampliada, el CMN lo apartó del concurso para cubrir una vacante en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP).
La solicitud que derivó en su exclusión la formuló el representante de los magistrados, Ricardo Recondo.
Al admitirla, el consejo citó el Reglamento de Concursos, que señala que no se podrán inscribir candidatos sometidos a proceso penal pendiente por delito doloso.
Hace dos meses, Tonelli reclamó que Bento sea citado por el organismo a declarar por mal desempeño, por las causas en las que está procesado.
El año pasado, peticionó que fuera suspendido y que se le quitaran los fueros, pero la por entonces Comisión de Disciplina y Acusación rechazó el planteo: sostuvo que legalmente esas medidas proceden después de la remoción del juez.
