ESCUCHAREl pasado viernes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería formalizaron ante el tribunal regional la presentación del Plan de Trabajo y Acción para el cumplimiento de la primera sentencia sobre derechos de los pueblos indígenas referida a nuestro país.
Durante los últimos tres años, la Unidad Ejecutora de la sentencia, que funciona en el ámbito de la Secretaría y cuyo titular es el Jefe de Gabinete Nicolás Rapetti, lideró un intenso trabajo de articulación interjurisdiccional e interagencial dirigido a cumplir con el programa de reparaciones impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Unidad Ejecutora tuvo como principal función promover la cooperación y la generación de alianzas entre los tres niveles del Estado y las comunidades indígenas y las familias campesinas que residen en uno de los territorios más vulnerables del país: los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia, en la Provincia de Salta. La tarea se nutrió, además, de la facilitación y participación de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el caso, como la Asociación Lhaka Honhat, el CELS, ASOCIANA y FUNDAPAZ.
Ya en sus inicios este proceso permitió alcanzar una serie de acuerdos prioritarios entre el Estado y las comunidades, que surgieron de una consulta previa libre e informada llevada a cabo en junio de 2022, y que fueron posteriormente homologados y celebrados por la Corte Interamericana, a principios de este año.
El Plan avanza sobre las cuestiones restantes y contiene compromisos adquiridos por más de una veintena de organismos públicos nacionales y provinciales, que se organizan en cuatro ejes temáticos.
Entre esos ejes se destacan el de restitución territorial, que involucra al INAI, el INTA, el INAFCI y los ministerios nacionales de economía y desarrollo social, además de los ministerios provinciales de infraestructura, producción y desarrollo social. Dicho eje comprende acciones para la delimitación y demarcación de 643.000 hectáreas que -según la sentencia y una serie de decretos provinciales-, deben ser distribuidas mediante un proceso de “acuerdo de partes” entre las comunidades indígenas y las familias campesinas, y entre estas últimas entre sí. También se establecen definiciones sobre la titulación del territorio comunitario y reglas de actuación para los conflictos de desapoderamiento o turbación de tierras afectadas al proceso territorial. Se contempla además una fuerte inversión pública nacional para apoyar la relocalización de las familias campesinas que deberán trasladarse a la porción de 400.000 hectáreas que les fueron cedidas por las comunidades y por el gobierno provincial, incluyendo agua para consumo y producción, herramientas, maquinaria comunitaria, etcétera.
Otro de los ejes destacados es el de mejoramiento de la calidad de vida, que contempla desde obras públicas para el acceso al agua para consumo humano (37 perforaciones profundas y camiones de distribución de agua para el municipio, módulos de captación de agua de lluvia, etc.), hasta acciones en materia de soberanía alimentaria (cercos agroforestales y herramientas para la producción de alimentos), educación (fortalecimiento de la educación intercultural y construcción de escuelas), infraestructura (contención del río Pilcomayo e instalación de infraestructura comunitaria), etcétera. Este eje involucra transversalmente a los ministerios nacionales de obras públicas, economía, desarrollo social, salud, educación, seguridad, justicia y derechos humanos, entre otros. Los y las funcionarias, trabajadores y trabajadoras de los más de veinte ministerios involucrados en la construcción de este plan de ejecución conformaron un equipo estatal transversal que con mucho compromiso logró la concreción de esta tarea.
El plan será analizado por las comunidades y sus representantes, quienes podrán plantear modificaciones o incorporaciones. Finalmente, la Corte tomará una decisión que lo apruebe total o parcialmente, pudiendo disponer modificaciones. Además, supervisará regularmente el cumplimiento general del Plan.
El caso Lhaka Honhat
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998.
En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio de 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, con la destacada participación del recientemente fallecido coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado argentino ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.
