Las referentes de izquierda Manuela Castañeira, Inés Zadunaisky, Federico Winokur y Violeta Alonso, del partido Nuevo MAS, y el movimiento feminista Las Rojas, presentaron hoy en la justicia un recurso de amparo colectivo contra la Resolución 2566/2022 de la ministra Soledad Acuña «para ponerle un freno a la prohibición autoritaria y reaccionaria del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas», informaron a través de un comunicado.
«Larreta y Acuña se autoproclaman policías de la palabra con esta resolución escandalosa que es contraria a la Ley de Identidad de Género», dijo en el documento Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS y Las Rojas.
En referencia a la Resolución 2566/2022 de la ministra Soledad Acuña, Castañeira, agregó que «cercena los derechos de todo un sector de jóvenes y docentes al reconocimiento de su identidad, al trato digno y a la libertad de expresión».
En la misma línea, la dirigente explicó que la normativa, «además es inconstitucional debido a que vulnera derechos contemplados en la Constitución Nacional y en la Constitución de CABA, y es violatoria de numerosos tratados internacionales».
El amparo colectivo es patrocinado por el abogado Facundo Aitor Oller, quien informó que «es planteado de forma colectiva en representación de docentes de la Ciudad de Buenos Aires por posibles sanciones y su derecho a expresarse libremente, niñes y adolescentes no binaries afectades por la resolución, cuestionada por vulnerar su identidad específicamente, y niñes y adolescentes en general afectades por su derecho a expresarse libremente».
El 9 de junio pasado, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo.
Lo presentó como «una medida más» ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por los alumnos porteños realizados por la CABA tras la pandemia, se informó oficialmente.
En la Circular 2566/2022 el Ministerio de Educación porteño, encabezado por Soledad Acuña, ordenó a las/los docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales «de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza».
La medida fue criticada por amplios sectores políticos, sociales, sindicales y la comunidad educativa.
