ESCUCHARUn conjunto de ONG presentó un amparo colectivo contra el Estado nacional – Consejo de la Magistratura de la Nación- para que se declare la nulidad de las ternas aprobadas en los concursos destinados a cubrir cargos en los tribunales orales federales de La Plata, en la nueva Sala Especializada en Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal, y en la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La acción fue impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (Abofem), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Poder Ciudadano y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que reclamaron que el organismo emita nuevas resoluciones que cumplan con el cupo de género y que, además, se ordene al Ejecutivo y al Senado devolver los pliegos de los concursos y se abstengan de tomar cualquier actuación impulsora respecto a ellos.
Asimismo, solicitaron una medida cautelar de no innovar para frenar el trámite de estos concursos, hasta tanto se dicte sentencia. La causa recayó en el Juzgado Contencioso-administrativo N° 4, a cargo de la jueza Rita Ailan, en los autos “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros C/ EN-Consejo de la Magistratura de la Nación-Ley 24937 S/Amparo Ley 16.986”.
El actual Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes prevé en su artículo 44 que, cumpliendo una serie de requisitos, debe incorporarse al menos a una concursante mujer por terna. Pese a la normativa vigente, en diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura aprobó las ternas para los concursos 366, 415 y 418 en “violación de su reglamentación y las obligaciones constitucionales”.
Explicaron, en este sentido, que fueron procesos de selección en los que las mujeres postulantes “alcanzaron la instancia de entrevista personal y en varios de estos casos incluso forman parte de las listas complementarias”.
Las organizaciones habían presentado en diciembre pasado una nota ante el consejo en la que advertían de la situación para que fuera revisada, pero el organismo les respondió que no había incumplido el reglamento porque los concursos se habían iniciado antes de la modificación que incorporó expresamente el cupo.
La presentación judicial advirtió de que “si no se dictan las medidas judiciales protectorias” serán elegidos varones para cubrir todos esos cargos, lo que “profundiza gravemente la situación de desigualdad de género existente que la propia norma del Consejo de la Magistratura se propuso remediar, agravando el estado de cosas inconstitucional en que nos encontramos producto de la falta histórica de un compromiso igualitario en el marco de los procesos de selección de magistradas y magistrados”.
