ESCUCHARLa mitad de los presos bonaerenses decidió no recibir vistas. El Servicio Penitenciario Federal (SPF),elabora un listado sobre grupos de riesgo, para que los magistrados tengan elementos a la hora de resolver excarcelaciones y domiciliarias. Por lo pronto, cinco jueces de Ejecución limitaron
salidas. En Córdoba, liberaron a un detenido de 69 años que estaba alojado en Bouwer
La superpoblación en las cárceles argentinas es una realidad es de larga data.
Ahora, en el marco de la crisis sanitaria por la propagación del Covid-19, las alarmas de las autoridades se encendieron, ya que temen que la situación de hacinamiento, sumada a muchas otras falencias, propicie contagios masivos de internos.
Actualmente, unas 70 mil personas están alojadas en establecimientos dependientes de los sistemas penitenciarios federal y bonaerense, y ya se tomaron medidas concretas para
mitigar riesgos.
Hasta el momento ningún caso confirmado pero, por lo pronto, preventivamente, 28.500 presos de 33 establecimientos de la provincia de Buenos Aires decidieron restringir las visitas durante dos semanas.
Se trata de más de 60 por ciento del total de la población carcelaria, que tomó la determinación voluntariamente, después de que se realizó una mesa de diálogo con autoridades del
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria (DPSP) y de recibir a médicos en los pabellones, quienes dieron charlas informativas sobre la pandemia.
En el sistema bonaerense, la población de alto riesgo incluye a 644 detenidos de más de 65 años y a casi 2.500 enfermos con diversas patologías, como tuberculosis, VIH y cáncer.
En tanto, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) está confeccionando un
listado de internos que, por su edad, condición o estado de salud forman parte del grupo vulnerable.
La información será para los jueces, a fin de que tengan elementos para analizar pedidos de excarcelación o de alternativas de detención.
El SPF impulsó la acción durante el fin de semana. Les cursó un memorándum a las autoridades de las cárceles federales del país y les reclamó que recaben datos.
Informes
En las cárceles federales hay 13.971 alojados, con una sobrepoblación de 10 por ciento. Más de mil internos integran colectivos vulnerables al coronavirus; muchos de ellos son condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría tiene más de 65 años y problemas de salud.
El SPF pidió informes luego de que la Cámara Federal de Casación Penal
manifestó su inquietud por la salud de las personas privadas de su libertad.
En una acordada, pidió que se redacte un protocolo de prevención ante el coronavirus en las cárceles, con foco en los grupos de riesgo.
Casación también les encomendó a los magistrados que les den prioridad a las causas con presos en situación de vulnerabilidad.
En los penales, los aislamientos no son sencillos de implementar; en especial, porque no todas las unidades tienen la infraestructura adecuada.
Por ello, el SPF rechazó alojar a dos personas que llegaron al país extraditados desde Italia y España y les reclamó a los jueces que tienen a cargo los casos que cumplan la quincena de
aislamiento que dispuso el Gobierno nacional.
Tres internos fueron aislados. Se trata de dos italianos que llegaron extraditados el 21 de febrero y el 2 de marzo y que estuvieron en la unidad 29 (la alcaidía de Comodoro Py). Se les aplicó el protocolo, no tenían ningún síntoma, se constató que su estado de salud era bueno y fueron enviados al hospital de la cárcel de Ezeiza. El tercer caso es el de un argentino que fue extraditado de Chile. No tiene síntomas y también se encuentra en Ezeiza.
Transitorias
En el marco de las acciones preventivas, los jueces nacionales de Ejecución Penal José Arias, Marcelo Peluzzi, Jimena Monsalve, Axel López y Vilma Bisceglia suspendieron hasta el 31 de
este mes las salidas transitorias de los internos que tienen esa disposición, para que no se conviertan en potenciales transmisores de la enfermedad cuando retornen a los centros de detención.
La medida, que ya le fue comunicada el SPF, alcanza a cerca de 100 hombres y mujeres alojados en distintas cárceles federales del país.
La suspensión no implica la pérdida de las transitorias, pero si el Gobierno amplía el plazo de restricción que fijó la semana pasada lo propio pasará con el beneficio.
Asimismo, los magistrados aclararon que los presos serán compensados a futuro.
Ante la emergencia, los jueces de Ejecución Penal tomaron otras medidas “protectivas y preventivas” dirigidas al SPF, como el refuerzo de las áreas de sanidad para los grupos de riesgo y la puesta en marcha de controles sobre el personal que ingresa a diario a los penales.
Defensora
Se descuenta que en los próximos días habrá un verdadero aluvión de pedidos de prisión domiciliaria y de otros beneficios.
La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dictó una resolución y le recomendó a los defensores oficiales que “renueven o agilicen” los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia. Martínez destacó el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad e hizo hincapié en las mujeres, uno de los grupos más vulnerables.
Fiscal
En Córdoba, Oscar Cerutti, de 69 años, se convirtió en el primer preso en dejar la cárcel de Bouwer por precaución ante el Covid-19.
La fiscal de Casos Complejos Valeria Rissi admitió el pedido de sus abogados y le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.Cerutti quedó detenido hace un año, en el marco de la causa Euromayor, en la que se investiga una presunta asociación ilícita que estafaba a particulares con emprendimientos inmobiliarios.
El expediente sindica como jefes de la organización a Jorge Monferini y Laerte Muzi. También están detenidos Mariano Fontán y Jorge Airaudo, gerente de Satsa, firma de la cual Cerutti era empleado jerárquico.
El encausado tiene residencia en Sunchales, provincia de Santa Fe, y allí cumplirá el encierro, bajo la tutela
de un hijo.
