ESCUCHARCon el objetivo de acelerar el proceso de cobertura de vacantes, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires presentó un anteproyecto de ley para declarar la emergencia provincial en la materia, por única vez y de manera improrrogable, a partir de su entrada en vigencia y hasta el 9 de diciembre de 2023.
Según un relevamiento realizado por la entidad, se identificó un número próximo de 600 vacantes, «lo que demuestra claramente que el sistema de justicia planificado por el legislador está preocupantemente lejos de lo previsto, lo que impacta de manera negativa en el derecho a la debida administración de justicia que la Constitución Nacional le reconoce a la ciudadanía», expresó el colegio.
La iniciativa busca adecuar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y, entre otras cosas, establece que, una vez resuelto el orden de mérito, el organismo contará con 30 días para la elaboración de la terna vinculante.
Para ello, «tanto el examen escrito como el oral; la entrevista ante el pleno como la determinación del orden de mérito, son actividades que implican evaluación del Consejo, y su consecuente determinación debe ser notificada al postulante, teniendo ellos, en cada una de estas etapas, la potestad de ejercer su derecho a la impugnación de su valoración, y en tanto ello acontezca, es de recordar que el concurso queda paralizado hasta que se resuelva definitivamente la cuestión», se lee en el texto.
La entidad expresó que la redacción del anteproyecto «no debe entenderse como una crítica a la ley vigente» sino como una manera de enfrentar el gravísimo cuadro del Poder Judicial en su conjunto, «cuando la debida Administración de Justicia se ve debilitada día a día, por la imposibilidad de cubrir las vacantes de sus magistrados por años, extremo que día a día se agrava, por las nuevas vacancias que se producen y por el agotamiento propio de los hombres que deben multiplicar sus esfuerzos para cubrir la ausencia de sus pares».
«La necesidad de resolver este acuciante problema es compartida por todas las instituciones que integran el sistema de justicia y forma parte de la agenda de los poderes políticos, atento a la necesidad de proveer una respuesta calificada a las ciudadanas y ciudadanos bonaerenses», agregó.
