ESCUCHARLa Procuración Penitenciaria de la Nación alertó sobre un nuevo pico histórico de detenidos en los establecimientos penitenciarios federales. En noviembre, los presos llegaron a 10.543.
Desde 2007 la población privada de libertad en establecimientos federales ha aumentado de modo constante. Este año el cuadro se agravó y presenta un pico que ha superado ya 10.500 personas presas, según el último relevamiento realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Apenas un mes atrás, la PPN alertaba sobre el récord de 10.322 personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF): cifra sin precedentes, que no está acompañada de políticas de reducción del encierro ni de ampliación y mejoramiento de las condiciones edilicias, según alertó.
El 14 de noviembre último se llegó a un total de 10.543 personas privadas de libertad, volviendo a superarse el máximo histórico anterior, alcanzado apenas un mes atrás.
Aunque sin demasido éxito, la PPN ha venido proponiendo distintas acciones para promover una reflexión seria sobre la problemática y la búsqueda de soluciones a corto y mediano plazos que deben ser atendidas. De modo principal, en octubre de 2013 presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para regular la capacidad operativa de los lugares de privación de libertad, estableciendo mecanismos de acreditación previos, con participación de los actores involucrados, garantías de acceso a la información, procedimientos de alerta y control y un sistema de prevención de sobrepoblación.
En la misma dirección, en las rondas de consultas sobre la reforma del Código Procesal Penal, la PPN realizó una serie de observaciones específicas sobre la sobrepoblación carcelaria, indicando que se trata de uno de los problemas más acuciantes del funcionamiento del sistema penal que el Código Procesal Penal no debería ignorar, por ejemplo, prohibiendo alojar personas más allá del cupo autorizado para cada establecimiento.
Más cerca en el tiempo, el 7 de noviembre último la PPN presentó, junto a la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, una acción de hábeas corpus colectivo dirigida a remediar la situación de hacinamiento identificada en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) de Ezeiza. El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora dispuso clausurar los lugares que alojaban irregularmente a personas y realojarlas en lugares aptos, conforme a exigencias de habitabilidad e higiene. El juez también prohibió nuevos ingresos al CPF I hasta tanto se configure un nuevo sistema de asignación de plazas que evite la sobrepoblación.
Entre otras medidas par evitar la sobrepoblación, la Procuración también solicitó regular de información respecto de ciertos grupos de personas detenidas cuya atención urgente podría contribuir a morigerar la situación de sobrepoblación y hacinamiento; tal es el caso de quienes se encuentran en condiciones de gozar de la libertad condicional o asistida, personas procesadas que tienen cauciones que no han sido satisfechas, personas de nacionalidad extranjera (condenados y procesados y con trámite de expulsión), mayores de 70 años, personas en prisión preventiva cuya duración excede dos años, personas condenadas a penas de menos de tres años, etcétera.
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