El gremio denunció a un magistrado y a su secretario por impedir la reincorporación a su trabajo a una empleada que fue dada de alta tras una carpeta médica. El secretario Gremial, Adrián Valán, asegura que estos hechos se repiten y los trabajadores tienen miedo de hacerlos públicos
Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info
La Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) se muestra preocupada por las situaciones de violencia laboral que atraviesan numerosos empleados de la justicia cordobesa.
El último hecho se registró la semana pasada, cuando una empleada de los tribunales laborales se presentó a trabajar, tras ser dada de alta de una carpeta médica. Según denunció el gremio, un juez y su secretario le impidieron a la mujer reintegrarse a su lugar de trabajo, desconociendo la resolución de la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia. Ante la negativa, la joven -quien ocupa el cargo de meritorio- fue trasladada a otro juzgado para seguir prestando funciones.
El hecho no es el primero ni el único que se ha registró en los tribunales provinciales, aseguró a Comercio y Justicia el secretario Gremial, Adrián Valán, quien no duda en afirmar que “la violencia laboral en el Poder Judicial de Córdoba se ha transformado en un verdadero flagelo”.
«Hay innumerables casos similares que no llegan a conocimiento público por el temor de los compañeros a denunciar, sobre todo mujeres, a las que incluso se las ha cambiado de lugar de trabajo luego de haber quedado embarazadas”, indicó a este medio.
Con tono crítico, Valán menciona entre las causas de la violencia de género dentro del Poder Judicial, una cultura arraigada de jueces y funcionarios que “se creen dueños de los juzgados” y donde “el maltrato hacia los empleados ha llegado a naturalizarse”. “Hay una actitud reverencial de algunos empleados hacia los magistrados”, relata con preocupación.
“El Poder Judicial es el poder del Estado que menos se ha democratizado”, agrega el secretario Gremial, quien acusa -además- al Tribunal Superior de Justicia de intentar siempre “preservar a los funcionarios que son denunciados”. Muchas denuncias no prosperan y los sumarios son archivados. La violencia laboral no es ejercida exclusivamente sobre las mujeres sino, en muchos casos, sobre todo el plantel de empleados que trabajan bajo las directivas de un juez. La salida de los trabajadores termina siendo individual, pidiendo el pase a otro juzgado, explica Valán.
En este contexto, el gremio adelantó a este diario que pondrá próximamente en marcha una campaña de concientización contra la violencia laboral.
Sin normativa
Valán asegura que la situación es aún más complicada si se tiene en cuenta que Córdoba no tiene una ley que sancione la violencia laboral.
En la Legislatura cordobesa hay dos proyectos de ley que esperan su tratamiento. Uno de ellos fue presentado por el legislador del Frente de Izquierda, Exequiel Peressini, y su autoría es del abogado Carlos Emanuel Cafure. La iniciativa ingresó a la Unicameral en agosto del año pasado, perdió estado parlamentario y hoy se encuentra “estancado en la comisión de Trabajo”, señala Cafure.
“Es un proyecto de ley que está acompañado por 24 sindicatos de Córdoba por las dos CTA y varias organizaciones religiosas», comentó a este medio.
La iniciativa otorga herramientas para prevenir y sancionar la violencia laboral. A su vez, tipifica la violencia laboral en acoso sexual, acoso moral o psicológico y agresión física y prevé sanciones disciplinarias y económicas para los victimarios. También garantiza la protección de aquellos trabajadores que denuncian ser víctimas de violencia laboral y de quienes comparezcan como testigos.
El abogado, especialista en violencia laboral, considera “grave” que no se avance en una legislación que resguarde los derechos de los trabajadores, en un contexto de violencia laboral que viene en aumento.
