Posturas encontradas sobre los juicios por jurados populares

La ley 9182 de jurados populares, sancionada en enero del 2005 en Córdoba continúa generando debate y posiciones encontradas dentro del Poder Judicial. Así quedó demostrado ayer en la mesa de ponencias que integró el camarista Víctor María Vélez; la asesora letrada penal, María Susana Frascaroli; el fiscal de Cámara, Carlos Ferrer y un ex jurado popular, Julián Montañez.
“El juicio por jurados vino para quedarse”, dijo Vélez, quien recordó que los debates con jueces legos tuvieron una “amplia aceptación popular que supera el 75 por ciento”. Reforzando su postura, el camarista señaló que este sistema ha servido para “legitimar a la Justicia, achicando la brecha que existe entre el Poder Judicial y la sociedad”.
En la misma línea se pronunció Ferrer, que recordó que aquellas personas que alguna vez fueron jurados populares mejoraron sustancialmente su imagen de la Justicia. También aseguró que esta modalidad no debe ser vista como una obligación de los ciudadanos, sino como un derecho que éstos tienen.

Cuestionamientos

Para Frascaroli, a diferencia, el juicio por jurados no se creó para garantizar los derechos de ninguna de las partes y recordó: “No nos olvidemos que en Córdoba los jurados populares surgieron en una época política muy particular. No creo que los jueces legos sean un derecho de los acusados, ni un derecho de la víctima, ni de la sociedad”.
Por el contrario, para la asesora penal, los debates integrados por legos son simplemente “una herramienta judicial ejemplificante para castigar los delitos más aberrantes que conmueven a la sociedad”.
Como interrogantes, la abogada se planteó hasta dónde el juez técnico puede torcer la voluntad de un lego y qué es lo que ocurre cuando un mismo jurado participa sistemáticamente en diferentes juicios. “Profesionalizar jurados es contradictorio”, subrayó.
Asimismo, opinó que el acusado debería tener el derecho a ser juzgado por un tribunal técnico, en lugar de uno compuesto por legos, si así lo deseara. “Si se le reconoce el derecho a guardar silencio, también se le debe otorgar este otro derecho”.
Frascaroli también cuestionó que no pueden medir la imparcialidad de los jueces legos. “¿Cómo se asegura un defensor que un jurado no tenga serios prejuicios contra el imputado?”.

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