El Gobierno Nacional enviará al Senado 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores.
La anunció el vocero Manuel Adorni y dijo que el Ejecutivo espera que la Cámara Alta “tenga la sensatez” de tomar la iniciativa “con responsabilidad absoluta”.
Por su parte, el Secretario de Justicia Sebastián Amerio apuntó al nivel crítico de vacantes. “Uno de cada tres juzgados no tiene juez y una de cada dos fiscalías no tiene fiscal”, precisó, y recalcó que hay tribunales que juzgan delitos ordinarios (como robos, hurtos y abusos) sin titular desde 2018.
“La cobertura de vacantes mediante la designación de jueces idóneos es una herramienta fundamental para descongestionar los tribunales y acelerar el proceso de todos los expedientes”, planteó.
AMIA
En septiembre pasado, por las vacantes, el juez federal Daniel Rafecas volvió a quedar a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA, hasta octubre de 2025.
Rafecas ya fue subrogante dos años en el Juzgado Federal 6. El puesto está vació desde que se jubiló Rodolfo Canicoba Corral. Volvió porque venció la suplencia de Ariel Lijo, que comenzó en octubre de 2023.
Las subrogancias son por un año, prorrogables a dos. La Cámara Federal porteña determinó que un magistrado puede ocuparse como máximo de dos juzgados y hay tres funcionarios en esa situación.
Lijo está a cargo de su juzgado, el 7, y del 12, que quedó sin titular cuando Sergio Torres asumió en la Suprema Corte bonaerense, hace más de cinco años. Hasta principios de octubre tuvo también el federal 6.
En Comodoro Py hay ocho jueces para 12 despachos desde febrero de 2023, cuando se jubiló Luis Rodríguez (9), quien desembarcó en Retiro en octubre de 2012, en la misma camada que Sebastián Casanello.
Casal
Por lo pronto, no hay nombres de candidatos para la Procuración General de la Nación (PGN), que conduce Eduardo Casal como jefe interino.
Cabe recordar que a fines de enero de 2020, con solo tres impugnaciones, Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, se perfilaba como el funcionario que cerraría la era de interinato, que comenzó cuando Alejandra Gils Carbó dimitió.
En ese entonces ya había fenecido el plazo estipulado para presentar avales o recurrir la postulación que, según se estimaba, la Cámara Alta resolvería en marzo.
Sobre la hora, la UBA sumó su voto de confianza. El por entonces rector Alberto Barbieri le envió una nota al Ministerio de Justicia: destacó que cursó su carrera y su doctorado en la institución y que tenía “talento especial” y “probada experiencia”.
Además, tuvo la venia otras altas casas de estudio, de grupos académicos, de casi todos los organismos de derechos humanos del país y de integrantes de varias cortes supremas provinciales.
Candidatura
La Fundación Apolo impugnó a Rafecas. Cuestionó su idoneidad moral y apuntó a su falta de independencia; principalmente, por su actuación al analizar la denuncia de Alberto Nisman en contra de Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, que desestimó en tiempo récord. Otra objeción la promovió el abogado Fernando Lardies y la última provino de un actor inesperado: Julio De Vido, procesado por Rafecas en el marco de la causa “Odebrecht”.
2017
La PGN está a cargo de Casal desde que Gils Carbó renunció, a finales de 2017.
Aceleró reformas para facilitar su conducción hasta que se designara al relevo de la cofundadora de Justicia Legítima, algo que no sucedió, ya que la Administración macrista fracasó al promover a Inés Weinberg de Roca.
La salida de Gils Carbó aceleró los pases de factura a sus “leales”. El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), Carlos Rívolo, aseguró que la actividad política dentro del Ministerio Público no debía existir y criticó a algunos colegas que llamaron “golpistas” a los agentes que marcharon para homenajear a Nisman, en febrero del 2015.
Además, valoró que Gils Carbó no motorizó una política de persecución de la corrupción y sumergió a la PGN en una crisis porque eligió ser “procuradora de un Gobierno”.
Límite
En mayo de 2021, Rafecas advirtió que se bajaría de la postulación si el kirchnerismo insistía con su plan para cambiar la mayoría para la aprobación del pliego del procurador.
“Será para mí un límite ético insuperable que me hará imposible seguir adelante con la postulación”, advirtió en un mensaje en sus redes. “Ha avanzado un proyecto de ley tendiente a reformar el MPF. Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido ni por quienes lo impulsaron en el Senado ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso político suficiente”, continuó. “Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, sumó.
Rafecas ya había manifestado que no sería procurador si no lo elegían con dos tercios. Pasaron los meses y en octubre de 2021, tras ser derrotado en las PASO, el Gobierno intentó apurar su designación con la ley vigente; es decir, la que el magistrado consideró adecuada. El resultado de las elecciones generales modificó la agenda y Casal siguió como interino. Sin éxito, hubo un intento de reflotar su postulación en enero de 2023.
Macri
Durante su gestión, Mauricio Macri intentó clausurar el interinato, pero su candidata no pasó el filtro del Legislativo.
Macri se inclinó por la experta en Derecho Internacional que integró el tribunal que juzga el genocidio de los tutsis, en Ruanda. Su sexo, trayectoria y perfil académico inclinaron la balanza a su favor, así como su indiferencia hacia la política y la corporación judicial. Su flanco débil era que la impulsó para integrar la máxima instancia porteña cuando fue jefe de Gobierno.
En agosto de 2018 se presentó ante la Comisión de Acuerdos, puso sus antecedentes a consideración y respondió preguntas. Llegó objetada por Abuelas de Plaza de Mayo y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El grupo liderado por Estela de Carlotto, que nunca censuró el pasado de Eugenio Zaffaroni como magistrado de la dictadura, impugnó su postulación al entender que no tenía “un claro compromiso con los derechos humanos”. El CELS también edificó parte de su objeción en su “perfil conservador” al respecto.
Ciccone
A principios de 2012, la postulación de Daniel Reposo, cuestionado por incluir datos falsos en su CV y por su amistad con Amado Boudou, tampoco prosperó. Meses después el pliego de Gils Carbó fue aprobado. Los únicos que lo rechazaron fueron Mario Cimadevilla, Laura Montero y Arturo Vera, de la UCR.
La jefatura del MPF estaba vacante desde la renuncia de Esteban Righi por las denuncias por supuesto tráfico de influencias que presentó Boudou como parte de su estrategia defensiva en la causa Ciccone.
Corte
Por lo pronto, abundan negociaciones para que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansillla superen el control del Parlamento antes de fin de año, tal como quiere el Gobierno, que estaría apostando por el ingreso de ambos. El 30 de noviembre vence el plazo para que el Senado los trate.