Por primera vez en Salta, un gendarme fue condenado por revelar información confidencial

En la provincia de Salta, el cabo primero de Gendarmería Nacional Aníbal Alegre, quien revistaba en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (Uniprojud), fue condenado a ocho meses de prisión condicional y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de violación de secreto.

La sanción la impuso el Tribunal Oral Federal Número 2, integrado por Gabriela Catalano, Domingo Batule y Abel Fleming.

Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, intervino en el primer juicio que siguió en la provincia en contra de un investigador.

El hombre reveló información sensible de un caso en el que se investigaba el circuito del contrabando de granos en la frontera con Bolivia. Lo hizo para alertar a un colega que estaba involucrado en el delito sobre la pesquisa en marcha.

A instancia del fiscal General, Alegre, con 15 años de servicio, fue responsabilizado por revelar información que puso sobre aviso a otro gendarme, jefe de un escuadrón de la zona de frontera, quien estaba sospechado de participar del contrabando.

Al momento del hecho, el gendarme se desempeñaba en la unidad que llevaba adelante diversas tareas de inteligencia criminal; entre ellas, el análisis de datos extraídos de intervenciones telefónicas, de gran importancia para el éxito del caso.

Alegre, además, provenía del Escuadrón 54 de Gendarmería, de Aguaray, investigado por las maniobras ilegales en el paso de camiones con granos, de las cuales participaba un comisionista que, a la postre, fue imputado y condenado.

Durante el debate, Villalba presentó varios testigos y pruebas directas sobre la autoría de Alegre en el delito.

Los chats de WhatsApp entre Alegre y el personal sospechado demostraron cómo el acusado primero pidió una retribución monetaria por la información secreta. Asimismo, acreditaron que luego reveló que había una investigación en curso sobre los camiones de granos, que estaba a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y que había escuchas telefónicas.

La prueba fue ratificada por los testimonios de otros gendarmes, tanto compañeros como jefes de las unidades investigativas, quienes explicaron cómo se descubrió que los mensajes de advertencia provenían del teléfono de Alegre.

También se refirieron a la modalidad de trabajo y al deber de confidencialidad. En su alegato, el fiscal consideró probado con grado de certeza el delito cometido por Alegre. La defensa del suboficial trató de justificar la conducta de su asistido en la supuesta preeminencia del oficial alertado.

Al momento del hecho, el gendarme se desempeñaba en la unidad que llevaba adelante diversas tareas de inteligencia criminal; entre ellas, el análisis de datos extraídos de intervenciones telefónicas.

Los argumentos del abogado de Alegre fueron desbaratados por la fiscalía a partir de los chats que los jueces pudieron examinar, correspondientes a fechas en que la investigación se llevaba adelante en su etapa inicial, cuando debía permanecer cerrada y fuera del alcance del investigado.

Por otra parte, los jefes inmediatos de Alegre ratificaron el carácter secreto de los datos y aclararon que la subordinación se debe a los jefes y la unidad y no solamente al cargo.

En ese sentido, Villalba señaló que, al margen de revelar datos que perjudicaron el proceso, Alegre se burló de los postulados de la fuerza a la que pertenecía y las del Poder Judicial con un fin retributivo, subrayando que en el primer mensaje que obra en el expediente consta que el acusado le dijo al investigado: “Che, tigre, tirame una moneda”.

Corrupción

Al referirse a la corrupción, el fiscal General sostuvo en el debate que existen aquellos que se valen de ella, como Alegre, y otros que la sufren, como el personal idóneo de la fuerza que busca desarticular delitos.

“Es destacable señalar que sus jefes inmediatos, quienes podían haber hecho la ‘vista gorda’, no lo hicieron y activaron así los mecanismos de saneamiento”, dijo. Describió el supuesto como una advertencia hacia adentro de Gendarmería Nacional y otras fuerzas involucradas en la investigación criminal.

Sin éxito, la defensa del suboficial trató de justificar la conducta de su asistido en la supuesta preeminencia del oficial a quien alertó sobre la pesquisa, que finalmente fue imputado y condenado.

Paralelamente argumentó que, pese a tratarse de un delito con una escala penal menor, su comisión tiene “un efecto brutal” en la investigación, aunque reconoció que, en el caso, se logró avanzar penalmente contra el oficial alertado por Alegre.

La fiscalía señaló que éste no tenía ninguna urgencia económica u otra necesidad y destacó su rol como integrante de una unidad especial de investigación, recordando que se trata de un funcionario en quien se invirtió mucho para capacitar.