Por exigua, revén la regulación de honorarios fijada para el letrado de la parte actora

Un tribunal de apelaciones de La Plata subrayó los perjuicios que acarrearía al profesional reclamante la estricta aplicación de los aranceles que perciben los abogados en esa jurisdicción judicial

La Sala Tercera de la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata señaló que la aplicación estricta de los aranceles abogadiles locales conduciría a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida por un abogado de la parte demandante, y revisó la regulación cuestionada.

La decisión fue asumida en autos “Finanpro SRL c/ B. C. R. s/ Cobro Ejecutivo”, tramitados ante el Juzgado N° 20, en los que una empresa ejecutó una deuda, la jueza de grado tomó como base arancelaria la suma de $5.634,08 y, en consecuencia, reguló los honorarios profesionales de la letrada apoderada en 0,07 jus, equivalentes en ese momento a $292,32, (hoy $379,75), lo que motivó el recurso de apelación por considerar baja la regulación.

Evidente e injustificada

En instancia de cámara, los jueces Laura Larumbe, Leandro Banegas y Francisco Hankovits entendieron que “la aplicación estricta de los aranceles locales conduciría a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida”, por lo cual resolvieron elevarlos a la cantidad de 0,11 jus (hoy $596,75).

En su voto, la jueza Larumbre tuvo en cuenta los artículos 1, 2, 10, 15, 16, 21, 28, 34, 41, 51 y conc., ley 14967; 4 de la ley 24240; 1255, 1623, 1627 del Código Civil y Comercial; la base regulatoria de $5.634,08, así como la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 4065/22, que establece los valores del jus del año 2022.

Al mismo tiempo, la magistrada explicó que, a su entender, correspondía formular las regulaciones en jus pero agregar siempre la equivalencia en moneda de curso legal, “con el fin último de salvaguardar el derecho a la información que todo consumidor merece, conforme el art. 4 de la ley 24240, equivalencia cuyo fin último tiende a despejar cualquier duda en torno a lo que el cliente debe abonar a su abogado; ello, claro está, si dicho pago se realiza dentro del plazo previsto en el art. 54 de la ley 14967”.

Disidencia

Esta última cuestión fue rechazada por el voto del juez Banegas, al cual adhirió Hankovits. Ambos discreparon en lo referente al “modo de consignar las cantidades que se tarifan en concepto de estipendios a favor de la letrada”, ya que consideraron que resultaban de aplicación los artículos 15, inciso d), y 24 de la ley 14967, de los cuales surge que el monto debe expresarse en unidad arancelaria jus, “cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago”, por lo que “no cabe determinar el valor de los estipendios en moneda de curso legal” en la oportunidad de su regulación.

Los disidentes agregaron que “dicha tesitura legal no se contrapone en manera alguna con el deber de información contemplado en el art. 4 de la ley 24.240 (…), desde que al momento del pago -no en una oportunidad anterior- se determinará el monto de los honorarios en pesos multiplicando la cantidad de jus regulados por el valor del jus al tiempo de la efectivización de dicho pago”.