Mientras enfrentaba el proceso penal, consecuencia de varias denuncias de su ex esposa, comenzó a identificarse como mujer e hizo la transición
La Justicia española encara un caso sin precedentes. Un bombero asturiano que fue denunciado hace siete años por su esposa, por maltrato psicológico, actualmente encausado por los hechos, pasó a ser una mujer porque se sometió a una cirugía de cambio de sexo y obtuvo un documento de identidad en el cual consta su nueva condición.
El caso ya generó debates entre letrados, magistrados y fiscales y ahora se debe decidir si el procedimiento criminal puede seguir o si debe quedar sin efecto ya que, técnicamente, se trataría de la acusación por violencia de género de una mujer en contra de otra, supuesto no contemplado en el Código Penal español.
El abogado de G. J., Íñigo Urien Azpitarte, sostiene que la situación jurídica de su asitido “está en una nebulosa”.
En ese sentido, declaró que cuando asumió su defensa “comenzó a representar a un hombre, casado por la iglesia, a quien su esposa había denunciado por ser víctima de insultos y vejaciones”.
Asimismo, narró que durante el proceso de divorcio empezó a identificarse como mujer y que le fue diagnosticada una disforia de género.
Diagnóstico
Ese diagnóstico, que refleja que la persona experimenta una discordancia entre su identidad de género y su sexo biológico, le permitió, mientras seguía abierto el procedimiento judicial, modificar su nombre en el Registro Civil, después de someterse a un tratamiento hormonal y a una intervención quirúrgica de reasignación de genitales.
En este momento, G. J., de 48 años, está en situación de baja laboral mientras se recupera de la operación, y pidió su traslado a Bizkai. Tiene dos hijos, de 10 y 8 años, y comparte la custodia con su ex pareja.
A raíz de lo sucedido, el letrado reclamó que la denuncia deje de tramitarse por la vía penal, que se descarten los cargos por violencia de género y que el expediente pase al fuero Civil de Asturias y sea analizado por un juez de Familia.
Según Urien Azpitarte, su clienta no es una maltratadora porque la supuesta violencia psicológica estaría ejercida por una mujer contra otra.
“Esta persona tiene diagnosticada una disforia de género, lo que significa que es mujer desde su nacimiento. No se le puede aplicar la ley contra la violencia de género, porque este delito está previsto en los casos cometidos por un hombre”, argumentó.
Además, precisó que a la incertidumbre que rodea su situación en los tribunales se añade otro problema, ya que peligra su puesto de trabajo, ya que sus empleadores consideran que “si era una mujer cuando aplicó para bombero, no cumplía los requisitos para acceder a la plaza y habría que volver al punto de partida”.
Tenencia de los hijos
En el caso también se abre un escenario desconocido cuando los tribunales tengan que resolver la tenencia de los hijos, y el abogado de G. J. estima que las actuaciones podrían llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Urien Azpitarte ya adelantó que si un juzgado de Familia de Asturias no se hace cargo del procedimiento tiene previsto acudir al Tribunal Supremo “y después al Constitucional”, con el fin de comprobar si están dispuestos a abrir un nuevo camino judicial en la Unión Europea
