ESCUCHARLa causa por el uso indebido de pesticidas en frutas y verduras que se comercializan desde el Mercado de Abasto podría derivar próximamente en nuevas imputaciones si el fiscal del Distrito 3, Turno 6, Carlos Matheu, comprueba que existieron omisiones funcionales de algunos funcionarios municipales que tenían a su cargo los controles y la fiscalización de la calidad de aquellos productos.
Las acusaciones se desprenderán de la valoración que haga Matheu en los próximos días de la documentación que ordenó secuestrar ayer en una serie de allanamientos que se realizaron en distintas dependencias municipales. Puntualmente, cerca del mediodía se concretó un procedimiento en el Palacio 6 de Julio que afectó las áreas de Control Alimentario, Medio Ambiente y Salud Pública del Municipio.
Cabe destacar que hasta el momento son cinco las personas imputadas, tres quinteros -acusados de evenenamiento- y dos funcionarios del Senasa. Matheu inició de oficio la investigación judicial?a raíz de la denuncia pública que realizó el Foro Ambiental Córdoba. De las pericias practicadas por el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Litoral surgió que de un total de 19 muestras tomadas al azar, en nueve de ellas se encontró clorpirifos y endosulfan, dos peligrosos insecticidas, en atados de acelga y espinaca y en manzanas?y duraznos.
Vericuetos legales
En la Justicia provincial ya se acumulan un total de 27 denuncias relacionadas con delitos de contaminación ambiental, pero sólo una de ellas ha registrado avances de importancia.
Se trata del caso que también instruyó la Fiscalía a cargo de Carlos Matheu y que terminó con la elevación a juicio en contra de dos productores agropecuarios y un comerciante acusados por la fumigación clandestina -con plaguicidas peligrosos- de campos próximos a barrio Ituzaingó Anexo.
Pese a los progresos en la investigación, el expediente se encuentra trabado en una discusión de competencia que podría derivar en que todo vuelva a foja cero. La cuestión estaba a resolver por la Cámara de Acusación, pero por una cuestión formal se remitió nuevamente al juzgado de Control.
El debate sobre la competencia ya fue analizado en 2001 por la Justicia federal en otra denuncia similar, que también afectaba barrio Ituzaingó y que había sido iniciada por el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro. En ese caso, se resolvió que este tipo de delito corresponde a la Justicia provincial.
