Planteos judiciales en la vuelta de la presencialidad a tribunales

Unos 60 agentes hicieron presentaciones para impugnar la acordada que les exige el retorno al trabajo. Son trabajadores que no recibieron ninguna vacuna y se niegan a hisoparse cada 72 horas. Hubo quienes se presentaron con escribano. Denuncias del Poder Judicial contra empleados

Los tribunales de la Provincia comenzaron a trabajar ayer con presencialidad plena , tal como había dispuesto por acordada el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.

La jornada comenzó con planteos y reclamos de algunos trabajadores, quienes aún no se vacunaron contra el covid- 19 y, aun así, esperaban poder ingresar a trabajar. Algunos de ellos, incluso, se presentaron con escribano público, para dejar registrado que la Administración del Poder Judicial no les permitió entrar a tribunales a prestar servicios.

Otros, incluso, se ubicaron en sus puestos de trabajo, pese a que se les había prohibido la entrada por no contar con ninguna vacuna y tampoco un PCR negativo que acreditara su estado de salud. Estos casos fueron derivados a la fiscalía de turno , según adelantó a este medio el Poder Judicial.

También hubo planteos por escrito ante el TSJ . Tres grupos de empleados -unas 60 personas en total- presentaron recursos de reconsideración (dos en la órbita provincial y uno en la federal) y advirtieron de que están dispuestos a llegar a la Corte Suprema en rechazo al acuerdo reglamentario que ordenó que deben regresar a trabajar de forma presencial.

Cabe recordar que el Alto Cuerpo determinó que todos los trabajadores deben volver a la presencialidad y que aquellos que no estén vacunados tendrán que presentar un PCR cada 72 horas.

L a abogada Mariela Pérez Cesaratto, quien representa a un grupo de empleados -entre los que hay objetores de conciencia y gente con comorbilidades, que rechazan la decisión del máximo órgano judicial cordobés-, definió lo resuelto por el TSJ como “una práctica coactiva por parte del Estado”. “Esto es mobbing laboral ”, destacó.

Para Pérez Cesaratto, el pedido de un PCR negativo cada 72 horas es “anticientífico, violatorio de las libertades personales ”. Los empleados piden que se cumpla el “mismo procedimiento que para un supermercado o un comercio: usar máscara completa, guantes de nitrilo y toma de fiebre”.

Consultado por Comercio y Justicia , el administrador General del Poder Judicial , Carlos Rosemberg, aseguró que hasta la semana pasada había 600 trabajadores que no se habían vacunado ni siquiera con una dosis. No obstante, aclaró que ese número es dinámico y, luego de que se conoció el acuerdo del TSJ, “muchos empleados fueron a vacunarse para poder trabajar”

Las razones de quienes no se quieren vacunar son múltiples. Algunos adujeron no haber sido convocados aún para recibir la primera dosis, otros que no lo hicieron por prescripción médica y los demás simplemente por cuestiones ideológicas .

Rosemberg aclaró que quienes no pueden ser inoculados por prescripción médica prestarán servicio mediante teletrabajo.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) rechazó la postura asumida por el Alto Cuerpo. Consideró que “hay que profundizar la concientización y los efectos positivos de la inmunización y no apelar a la coerción contra quienes aún no dieron el paso”.

Lo dispuesto

La vuelta a la presencialidad alcanza a aquellos agentes con vacunación completa contra el covid-19, independientemente de su edad y condición de riesgo. También a quienes recibieron la primera dosis de las vacunas y no posean comorbilidades.

En tanto, conservan la dispensa de asistencia presencial quienes hayan recibido la primera dosis de las vacunas pero sufran alguna comorbilidad (personas con certificado de discapacidad, gestantes, con enfermedades cardiovasculares, diabéticas insulinodependientes,, entre otras).

Quienes no hubieran recibido ninguna de las vacunas reconocidas por las autoridades sanitarias oficiales tienen que prestar servicio presencial y acudir con PCR negativo efectuado en las últimas 72 horas o solicitar licencia sin goce de haberes.

Disputa en tribunales

A comienzos de este mes, la Cámara Contencioso-administrativa de 2ª Nominación de la ciudad de Córdoba declaró abstracta una acción de amparo presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra las normas nacionales y provinciales, emitidas el año pasado, que regulaban el retorno a la presencialidad de los empleados públicos provinciales.

El amparo pretendía, como medida cautelar, que la Provincia suspenda la convocatoria a trabajar de manera presencial a personas de riesgo con una sola dosis y al personal de Salud con comorbilidades aun con las dos dosis. Como la Provincia extendió el receso para esos grupos, el amparo no prosperó. La camarista María Inés Ortiz determinó que la dispensa de presencialidad laboral debe ser solicitada en cada caso particular.