Planteo contra entidad notarial va al fuero del Trabajo

La demanda iniciada por ex empleados del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe dirimirse en la Justicia laboral y no en sede contencioso-administrativa. [privado] En la acción de ex empleados contra el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una diferencia salarial, la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo concluyó que se trataba de un pleito relacionado con el empleo público, cuya competencia correspondía al fuero laboral y no al contencioso-administrativo. En la demanda planteada por Jorge Gerardo Catoira y otros, los jueces Estela Milagros Ferreirós y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo afirmaron que “el Colegio de Escribanos es una persona pública no estatal con facultades administrativas que le ha otorgado la Ciudad de Buenos Aires, y que por lo tanto, se encuentra alcanzado pro el ámbito de aplicación personal del Código Contencioso Administrativo Tributario de la ciudad homónima, cuyo art. 2º define que son causas contencioso administrativas todas aquellas en que una autoridad administrativa está legitimada para estar en juicio”. El fallo precisó que “el art. 20 de la ley 18345 establece que será competencia de la justicia nacional del trabajo ‘las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes –incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo; y causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél’” Por ello, “en modo alguno puede entenderse que la norma mencionada haya pretendido acotar la jurisprudencia del Fuero a los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ello por cuanto la ley ritual fue promulgada el 12 de septiembre de 1969, esto es, cinco años antes de que lo fuera la ley 20744”, se agregó. Para los magistrados, “tampoco surge del art. 20 de la ley 18345 que las convenciones colectivas en las que se funde la demanda deban estar regidas por la ley 14250, por lo que no corresponde distinguir donde la ley no distingue” y agregaron que “no es posible soslayar que la simple lectura del artículo 14 bis de la Constitución Nacional revela que, a la hora de establecer garantías, el constituyente no diferenció entre trabajadores que se desempeñan para empleadores privados, o quienes lo hacen para el Estado en sus distintos niveles”. La decisión explicó que “el empleado público también debe ser considerado ‘sujeto de preferente tutela’, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Vizzoti, Carlos A. c. AMSA SA’, conclusión que el Alto Tribunal consideró no sólo impuesta por el art. 14 bis, ‘sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22)’”. Con base en ello, se estableció que “corresponde que todas las normas que se dicten para regular la relación de empleo público sean adoptadas, interpretadas y aplicadas a la luz de los principios del Derecho del Trabajo”, concluyendo que “no se requiere que la relación laboral en cuestión esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los Jueces del Fuero no son Jueces de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como queda demostrado cuando se asume sin controversias la competencia para dirimir asuntos regidos por el Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Trabajador Rural, y tantas otras normas estatutarias, al igual que lo es la ley 25164”. [/privado]

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