Plantean nuevos cuestionamientos al desempeño de la defensora de Niño y la citaron al Congreso

A Marisa Graham se le objeta ahora su silencio en el debate por las clases presenciales. No es la primera vez que su actuación motiva críticas. Es marzo, se la fustigó por no intervenir por los infantes formoseños y legisladores de la oposición pidieron su interpelación

La semana pasada, en el Congreso Nacional, en el marco de una reunión de comisiones, la diputada Silvia Lospennato (PRO, Buenos Aires) cuestionó el silencio de la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, en el debate por la educación y la presencialidad durante la crisis sanitaria. [privado]

Los grupos de padres organizados que reclaman la vuelta a las aulas -alertando, entre otras cosas, sobre la imposibilidad de que cientos de miles de niños estén al día con los contenidos curriculares por carencias tales como la falta de acceso a la conectividad- fustigan a Graham hace meses por su mutismo.

Ahora, Lospenato tildó a Graham como “ausente” en la discusión.

También consideró que la funcionaria tuvo “una oportunidad enorme” para “hacer bien su trabajo” y estimó que no lo hizo.

Lospenato aseguró que la inacción de Graham le “dolía especialmente” porque trabajó junto a otras legisladoras para la designación de un titular de la Defensoría. “Lo hicimos posible las mujeres que queríamos que nuestros niños tuvieran una voz”, manifestó.

¿Por qué no está la defensora litigando el regreso a la presencialidad?”, planteó.

No es la primera vez que el desempeño de la funcionaria motiva críticas.

Cabe recordar que en marzo, luego de conocerse la dramática situación que vivía en Formosa un grupo de embarazadas (la mayoría, de comunidades originarias) por la escalada de casos de violencia institucional para que se cumplieran las restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno de Gildo Insfrán, senadores de Juntos por el Cambio reclamaron la interpelación de Graham y la de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Graham mantuvo su pasividad a lo largo de los meses: no se pronunció sobre la situación de los niños que estaban en asentamientos en Formosa ni se refirió a las denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos en la provincia ni hizo declaraciones ni participó del debate público mientras el Gobierno nacional y la Administración porteña litigaban ante la Justicia por la suspensión de las clases presenciales vía DNU.

“Uso partidario”

La gestión de Graham quedó en la mira a raíz de la renuncia de su ex adjunto, Fabián Repetto, quien, a fines de octubre del año pasado, a menos de seis meses de haber asumido, dejó su cargo y denunció el “uso partidario y discrecional” de la institución.

En una carta que le remitió a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Repetto expuso que le resultaba imposible continuar trabajando en un organismo “con fuertes sesgos” que, según escribió, van en detrimento de “una institución independiente capaz de honrar el artículo 48 de la ley 26061”.

A fines de febrero, Graham estuvo en Salta y, después de reunirse con dirigentes de desarrollo social locales, llamó a “evitar la discriminación” de los pueblos indígenas. Antes, visitó Córdoba y planteó como “agenda federal” para 2021 “visibilizar y priorizar” a la niñez y a la adolescencia “en las agendas políticas y públicas”.

El especialista en políticas sociales destinadas a la infancia mencionó “la imposibilidad de diálogo” con el equipo directivo del organismo.

En seis puntos, Repetto detalló los fundamentos de su decisión. En el primero hizo referencia al presupuesto y cuestionó la difusión, por medio de canales oficiales de la Defensoría, de notas periodísticas que informaban de un aumento del 10 por ciento. Aclaró que, por el contrario, la documentación evidenciaba una baja de 2,7 respecto de 2019.

“Doble vara”

En el segundo, cuestionó la “doble vara” que, según estimó, dejó plasmada en ocasiones la acción pública de la defensora. Bajo esa tesitura, arguyó que tuvo “fuerte visibilización comunicacional” ante “criticables situaciones de vulneración de derechos” en algunas jurisdicciones y que no fijó postura.

Repetto opinó que esa dinámica “impidió un análisis nutrido y rico” de la realidad.

En el tercer apartado se refirió al vínculo con otros actores relevantes para la protección de la infancia: las cinco defensorías provinciales preexistentes a la puesta en marcha de la Defensoría Nacional y el Congreso Nacional. Sobre las primeras, Repetto afirmó que Graham implementó “una lógica de escasa humildad y poca apertura al aprendizaje de sus experiencias”, impidiendo que el conjunto de la institución nacional “cortara camino” a la hora de instruirse “en múltiples aspectos, propios de una etapa fundacional”. Paralelamente, dijo que hubo “importantes problemas de comunicación” con el Poder Legislativo.

El cuarto punto de la misiva versó sobre el presupuesto interno de la Defensoría. Repetto objetó lo que definió como el “insuficiente acceso a la información” y habló de “falta de análisis sistémico y estratégico”, planificación o metas concretas para 2021.

En quinto lugar, se refirió a los recursos humanos de la Defensoría y apuntó a la ausencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de selección.

Bajo esa premisa, alegó que la “construcción” de la institución se estaba llevando a cabo con “pocas islas de excelencia técnica” y “muchos territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.

Repetto cerró su esquela recordando que la mayor parte de la infancia en Argentina vive en situación de pobreza.

En noviembre de 2020, la Coalición Cívica/ARI alertó sobre la gravedad del tenor de la carta de renuncia del funcionario y consideró que fincó en los motivos que brindó; ello así, porque entre otras anomalías citó “manejo discrecional y direccionado” del organismo, “falta de debate interno” y “nula de articulación con las defensorías provinciales”.

Hace poco más de un año, el Senado refrendó la designación de Graham por Diputados, que databa de marzo de 2019.

Tanto el proceso de selección como el resultado generaron polémica.

Cuando a principios de 2017 la Justicia intimó al Legislativo a acatar la ley 26061, las dos cámaras alegaron que numerosos organismos estatales y organizaciones internacionales se ocupan de la defensa de los derechos e intereses de los infantes. Además, indicaron que el Poder Judicial de la Nación cuenta con una oficina para atender a cuestiones relativas al tema y que, en definitiva, la designación era una cuestión sustancialmente política.

El juez del caso desestimó esas razones y valoró que se daban los requisitos para la admisión del amparo colectivo promovido por fundaciones y asociaciones civiles.

Ante ese panorama, el Congreso puso en marcha los mecanismos institucionales que derivaron en el nombramiento de Graham.

Utilidad

A principios de 2019, el ex diputado nacional cordobés Juan Brügge objetó la utilidad del puesto que ocupa Graham y de la Defensoría en sí.

Tal como plantearon las cámaras del Congreso cuando la Justicia les ordenó designar al defensor, apuntó al trabajo de las provincias en la materia, con fondos propios.

También fustigó a Graham por posicionarse públicamente a favor del aborto y estimó que tuvo una actitud “discriminatoria” al expresar que iba a defender a niños “deseados”.

“Va a utilizar fondos públicos y podría promocionar una idea personal”, dijo.

Hace una semana, la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se reunió de forma virtual por segunda vez en lo que va del año y planificó la visita de Graham, el 22 de junio próximo, para que presente un informe anual y responda a preguntas.

También se aprobó el proyecto de resolución sobre la estructura orgánica y funcional de la dependencia que dirige y se refrendó la declaración “La protección de la salud integral de las infancias y adolescencias es prioridad”. [/privado]