Los acusarán de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público. Las críticas tienen como destinatarios a la presidenta del TSJ de Jujuy, Clara de Langhe, y a Leandro Despouy, del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros
A un año de la detención de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, cientos de militantes, representantes de organizaciones sociales, actores y dirigentes políticos se hicieron presentes ayer para exigir su inmediata liberación y reclamar el cumplimiento de los resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de fines de octubre.
En la sede porteña de la Túpac Amaru, en conferencia de prensa, la abogada defensora de Sala, Elisabeth Gómez Alcorta, anticipó que iniciará una denuncia penal por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el abogado apoderado del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, Federico Wagner, el fiscal de Estado provincial, Mariano Miranda, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Clara de Langhe de Falcone, y el representante de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy, por los cruces de correos revelados por el periodista Horacio Verbitsky en el diario Página12 en los que acuerdan diseñar una estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitará Jujuy en mayo.
“Ellos demuestran de otra forma lo que venimos diciendo desde hace un año: Milagro está detenida a disposición del Poder Ejecutivo y no del Judicial”, afirmó Gómez Alcorta, quien exigió la renuncia de Despouy en su cargo como representante de Derechos Humanos y adelantó que pondrá en aviso a la CIDH de la violación por el Estado nacional del principio de buena fe. “Tenemos dos causas pendientes en el STJ de Jujuy, qué podemos esperar de esa presidenta que realiza un acuerdo para estafar a la CIDH”, lamentó la abogada de Sala, quien agregó que se pedirá la apertura del juicio político contra De Langue. “La figura de asociación ilícita que tanto le gusta citar al Gobierno nacional nunca cabría más que en este caso”.
A su turno, el extitular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presidente honorario del Comité por la Liberación, Raúl Zaffaroni, expresó: “Lo único que corresponde, citando expresamente la Constitución, si la Provincia no garantiza la administración de justicia, es la intervención federal. El Gobierno nacional está violando el Estado de derecho por omitir la intervención, independientemente de las violaciones a nivel internacional”.
En la mesa central de la conferencia también estuvieron presentes el titular de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) de los Trabajadores, Hugo Yasky -quien adelantó que presentará un pedido ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que emita un pronunciamiento respecto de la violación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas-; el exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, la madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida y el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky. El secretario General de la Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, agradeció el fuerte respaldo y aseguró que “la detención de Milagro es un problema de la democracia. Una crisis democrática que estamos teniendo desde el 10 de diciembre de 2015”.
“Milagro es una presa política. La suya es una detención ilegal y todo lo que se hizo es nulo de nulidad absoluta. No puede haber ninguna condena basada en estas circunstancias”, sostuvo Rodríguez Saá, y le solicitó al gobernador Morales que hable de Sala “cuando hago algo parecido” a lo que ella hizo, que fue “construir más de lo que ninguno gobierno construyó en tan poco tiempo”. Por su parte, Almeida resaltó el “total apoyo del Gobierno nacional” a Morales y lamentó estar “viviendo épocas que creímos que ya habían terminado”.
Por último, Verbitsky subrayó el silencio de los medios nacionales y provinciales ante la denuncia de los cruces de correos entre Wagner, Miranda, Falcone y Despouy, y advirtió de que “la manipulación de la Justicia de Jujuy sólo es posible por la complicidad de los medios y el Estado nacional” y convocó a “encarar un camino de militancia, denuncia y trabajo jurídico” porque “la libertad de Milagro es la de todos”.
La situación judicial
– Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en su casa de San Salvador, que fue allanada, imputada por “instigación al delito y tumultos”, luego de haber encabezado un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a principios de diciembre de 2015.
– Luego, la Justicia mantuvo la prisión preventiva por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, por el presunto desvío de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.
– La líder de Túpac Amaru ya recibió dos condenas: una penal, de tres años de prisión en suspenso, por instigación a un escrache realizado en 2009 contra dirigentes radicales, entre ellos el hoy gobernador Gerardo Morales.
– Ante esta situación, organismos internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), reclamaron la liberación inmediata de Sala, por considerarla una “presa política”.
