ESCUCHARPara el fiscal Rívolo, la maniobra fue delictiva porque la contratación de la consultora The Old Found era absolutamente prescindible en un proceso como el que se llevó a cabo.
El fiscal Carlos Rívolo pidió la indagatoria del vicepresidente Amado Boudou y del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la causa por las negociaciones de la deuda de esa provincia, que se habrían llevado adelante cuando el actual vicepresidente era era ministro de Economía, entre 2009 y 2010.
En aquella oportunidad, Formosa contrató a la consultora privada The Old Found, en la cual participaba Boudou, para reestructurar su deuda con el Estado nacional, tarea por la cual pagó la suma de $7,6 millones.
Parte de ese monto -$2,2 millones- habrían retornado a una empresa que pertenece a un hombre de confianza de Insfrán: Martín Cortés, a su firma “Estrategias de Imagen y Comunicación”. Cortés es director y accionista del Banco de Formosa.
Para Rívolo, la maniobra fue delictiva y por eso le pidió al juez Sebastián Casanello que llame a indagatoria a Boudou, a Insfrán, al socio del vicepresidernte, José María Núñez Carmona, a Cortés y a la diputada nacional y ex ministra de Economía formoseña, Beatriz Lotto de Vecchietti.
Para el fiscal quedó demostrado que la contratación por parte del gobierno formoseño de la consultora era absolutamente prescindible en un proceso como el que se llevó a cabo. A principio de mes, Casanello llamó a indagatoria a Alejandro Vandenbroele, presuento testaferro de Boudou, quien estuvo al frente de la firma The Old Fund -que no tenía ni empleados ni antecedentes en la materia- y a Jorge Melchor, quien dirige el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), organismo que pagó la comisión.
Calificación
Por su parte, el juez Ariel Lijo, quien procesó a Boudou por el Caso Ciccone, determinó que The Old Fund era propiedad de éste y de su entorno de negocios. Esa conclusión fue avalada por la Sala I de la Cámara Federal, que confirmó su procesamiento.
La calificación establecida por Rívolo es la de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos.
