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Pidieron juicio político para magistrados del caso Lucía Pérez

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El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió el juicio político para los jueces del Tribunal en lo Criminal Número 1 de Mar del Plata, por mal desempeño de sus funciones, por no haber tenido en cuenta la perspectiva de género en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años abusada y asesinada en octubre de 2016 en esa ciudad.

Para Lorenzino, “la ausencia de la perspectiva de género” que alcanza a Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso causa “una afectación del acceso a justicia de las mujeres”.

En el juicio por la muerte de la adolescente, los camaristas condenaron a los acusados por venta de drogas pero los absolvieron por abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y encubrimiento agravado.

Ese fallo, dictado en 2018, fue anulado por la Sala IV de la Casación Penal bonaerense, que ordenó que se realizara un nuevo debate para juzgar a Matías Farías y Juan Pablo Offidani.

Ahora, al pedir el juicio político de los magistrados marplatenses, el defensor del Pueblo consideró que “en la sentencia se revelaron estereotipos sexistas y discriminatorios”.

“Es un fallo que refleja el mal desempeño de los magistrados porque las normas que protegen los derechos de las mujeres fueron utilizadas en contra de la víctima”, sostuvo también Lorenzino, quien reseñó que en la sentencia se tomaron en cuenta las comunicaciones privadas de la víctima, sus experiencias sexuales, su relación familiar, su tendencia al consumo de drogas, su labor escolar y sus relaciones de amistad, entre otros ejemplos “que fueron utilizados de manera prejuiciosa” para “avalar la existencia de un supuesto consentimiento”.

En esa línea, argumentó que “la utilización de estereotipos sobre las conductas y la vida sexual de las mujeres y niñas reproduce la violencia de género”.

El pedido de juicio político se centra en “la incompetencia o negligencia”. También se basó en lo que el funcionario definió como “la realización de actos de parcialidad manifiesta”.

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