Piden sobreseimiento de un hombre trans que usó el DNI de otro durante 40 años

En el marco de una conciliación, el MPF alegó que “la amenaza de sufrir un mal grave e inminente debido al riesgo de vida y de libertad personal” que implicaba la exteriorización de la identidad del encausado, justificó “la afectación de un bien jurídico menor mediante una conducta ilícita”

En Santa Cruz, en el marco de un acuerdo de conciliación, el agente subrogante de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, postuló el sobreseimiento de un hombre trans que utilizó el DNI de otra persona durante cuatro décadas , desde la última dictadura militar.

En la causa colaboró la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

En su momento, el encausado fue procesado por dos delitos: uso de documento falso destinado a acreditar identidad y estafa.

El acuerdo al que llegaron la fiscalía y la defensa consiste, por un lado, en una conciliación en el marco de lo previsto en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, relativa a la reparación para el damnificado por la estafa; y, por el otro, la solicitud de sobreseimiento con respecto al uso del DNI falso.

El imputado explicó que nació en San Juan y que luego, durante la dictadura, se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de buscar trabajo, aunque no le fue sencillo.

Para el MPF, el encausado vivió en “un contexto de profunda discriminación y exclusión social” que lo sumergió en “un cuadro de vulnerabilidad que afectó su autodeterminación para el desarrollo de sus conductas conforme a derecho”.

Precisó que su apariencia física no coincidía con lo que se reflejaba en su DNI (su nombre femenino) y que por eso no accedía a un empleo formal, por lo que sobrevivió haciendo “changas”.

Relató que en una entrevista para un puesto de “parrillero” usó un DNI que había encontrado, por “estricta supervivencia”, y que gracias a eso consiguió el trabajo, lo cual le permitió lanzar un emprendimiento con su familia en el rubro gastronómico y mudarse al sur del país.

En el marco de la causa, declaró: “Nunca he tenido la voluntad de dañar a nadie; desde hace casi 40 años que mi vida dio un giro de 180 grados y ninguna de mis acciones tuvo una finalidad distinta que no fuera la de ‘supervivencia”.

Hace algunos años, el hombre pudo cambiar el nombre en su documento, adecuándolo a su identidad.

Para el fiscal, el encausado vivió en “un contexto de profunda discriminación y exclusión social” que lo sumergió en “un cuadro de vulnerabilidad que afectó su autodeterminación para el desarrollo de sus conductas conforme a derecho”.

Bajo esa premisa, alegó que el reproche de la conducta analizada frente a la exigencia del ordenamiento penal debe “pasar por el tamiz del enfoque de género e interseccionalidad”.

“Nunca he tenido la voluntad de dañar a nadie; desde hace casi 40 años que mi vida dio un giro de 180 grados y ninguna de mis acciones tuvo una finalidad distinta que no fuera la de ‘supervivencia”.

(Declaración del imputado)

“En muchos casos, la sola percepción de orientación sexual no heterosexual o identidad transgénero pone a las personas en situación de riesgo. Las disidencias sexo-genéricas sufrieron y aún sufren discriminación, maltrato, rechazo, obstáculos para acceder a sus derechos y a la justicia , subestimación/minimización de sus experiencias y marginación”, añadió.

En otro tramo de su dictamen, después de repasar las dificultades que pasó el colectivo LGBT durante la dictadura, sostuvo que aun en democracia “el andamiaje social excluyente y disciplinador de las identidades, orientaciones y expresiones de género diversas continúa en muchas dimensiones, tanto en Argentina como en la región”.

El agente postuló que, al inicio de su comportamiento, el encartado tenía vedada la posibilidad de incorporarse al mercado laboral como mujer trabajadora y que su “expresión de género marcadamente masculina” lo colocó en una situación extrema.

“El requisito de ser varón era condición para acceder a ese puesto de parrillero”, recordó.

En el acuerdo se destacó que el encausado construyó su vida bajo el apellido de otra persona porque “tuvo nulas posibilidades” de trabajo como persona trans. “¿Qué opciones laborales reales tenía una persona trans en la dictadura en nuestro país? ¿Qué opciones laborales reales tienen las personas trans actualmente?”, planteó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Al pedir el sobreseimiento, Zárate aclaró que ello no equivalía a sostener que el solo hecho de un varón trans en el contexto de dictadura y con escasas posibilidades de subsistencia justifique y exculpe cualquier conducta ilícita.

El fiscal propició que el imputado ingrese de forma íntegra al Fisco toda la deuda generada como consecuencia del emprendimiento comercial que llevó adelante, además de abonar un monto de dinero en concepto de reparación personal del daño causado al dueño del DNI que utilizó, y que le pida disculpas públicas.