ESCUCHARBajo el lema «Basta de esterilizaciones forzadas», un grupo de organizaciones de derechos humanos -la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)- lanzó una campaña para que se reforme la ley 26130, lo cual consideran «un paso fundamental” para erradicar esas prácticas en personas con discapacidad, quienes son sometidas a ligaduras de trompas y vasectomías «sin consentimiento o siquiera conocimiento» porque la norma «lo avala o no resulta efectiva para impedirlo».
La modificación legislativa fue recomendada en 2012 por el Comité de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su último informe sobre Argentina manifestó preocupación por la existencia de prácticas de esterilización sin consentimiento libre e informado. Paralelamente, exhortó a modificar también el artículo 86 del Código Penal y a “ofrecer los apoyos necesarios a las mujeres sometidas a un régimen de tutela o curatela”, para que sean ellas mismas quienes den su consentimiento informado.
Ahora, los grupos que comandan la campaña piden la reforma de los artículos 2 y 3 de la ley 26130, que establece el «Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica» (2006) y determina que las prácticas están autorizadas para toda persona capaz y mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado sin necesidad de una autorización judicial, excepto cuando se trate de una persona declarada judicialmente incapaz.
“Las esterilizaciones son un método anticonceptivo que, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona -con o sin discapacidad- que lo va a usar, quien debe brindar el consentimiento informado», explicaron las organizaciones en un comunicado.
Entre otras críticas, los grupos cuestionan que la ley 26130 no es efectiva para prevenir situaciones en las que se esteriliza a personas con discapacidad sin su consentimiento o en casos en los que la persona con discapacidad brinda un consentimiento viciado; por ejemplo, porque se la induce a aceptar la práctica con base en información sesgada.
Cabe recordar que el año pasado, la diputada chaqueña Lucila Masin (Frente para la Victoria-PJ), presentó un proyecto de ley para modificar no sólo la ley 26130 sino también la 17132 -de Ejercicio de la Medicina-, en consonancia con lo reclamado por las organizaciones. El texto fue girado a las comisiones de Discapacidad y de Salud Pública.
