Mientras la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires estudia los argumentos en contra del hábeas corpus colectivo en favor de los presos que pidieron domiciliarias por temor al coronavirus, la asociación Usina de Justicia pidió que se le dé el rol de amicus curiae.
Concretamente, la ONG busca que los vocales de la Máxima Instancia bonaerense dicten la inconstitucionalidad del decisorio del juez de la Casación Penal Víctor Violini y que, así, se revoquen las medidas que ya se otorgaron.
Cabe recordar que el procurador general Julio Conte Grand ya entregó su dictamen y que, en línea con el fiscal Carlos Altuve, sostuvo que la sentencia de la Cámara generó un gravamen institucional y que, por lo tanto, debe ser revocada.
Ahora deberá expedirse el defensor ante Casación, Mario Coriolano.
La agrupación que encabeza la filósofa Diana Cohen Agrest busca ser amiga del tribunal en representación de los derechos de las víctimas “afectadas por el universo de delitos cometidos por los detenidos que integran la totalidad de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires”.
“Las prisiones domiciliarias decididos en estas actuaciones, fueron otorgados in genere y sin el cumplimiento de ninguno de los requisitos que, taxativamente, exigen las leyes penales y procesales en vigencia”, manifestó Usina de Justicia, que estima que esa sola causal amerita la intervención del Máximo Tribunal, para “enmendar lo hecho”.