La presidenta del bloque Frente Pro en la Cámara Alta recordó que se eliminó por la implementación del nuevo Código Civil. Esta semana, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico serán las encargadas de dar la discusión sobre el cambio de la ley de ejecución
El Senado de la Nación comenzará a debatir esta semana la reforma de la ley 24660 (de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad), en medio de la conmoción por el crimen de Micaela García -la joven fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por Sebastián Wagner, a quien el juez Carlos Rossi le había otorgado el beneficio de la libertad condicional; estaba preso por dos abusos sexuales y los informes técnicos no eran favorables-.
El proyecto de reforma prohibe la salida anticipada de la cárcel a los autores de delitos violentos.
En ese contexto, la senadora nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado (Pro) anunció que solicitará que se trate una iniciativa de su autoría para que nuevamente se implemente la responsabilidad civil para los jueces y recordó que con la implementación del nuevo Código Civil se eliminó la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, aduciendo que se trataba de un derecho administrativo provincial; y que luego se votó una ley nacional que le devolvió esa responsabilidad sólo a la Administración Pública Nacional, dejando fuera a los jueces.
Así, indicó que presentará un articulado para que nuevamente los fallos de los magistrados generen responsabilidad civil, con el fin de que “se cuiden más” a la hora de permitir “liberaciones o permisos sin que correspondan”.
Además, adelantó que reclamará que su propuesta sea tratada al mismo tiempo que la modificación que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, impulsada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consensuada con el diputado radical Luis Petri. El kirchnerismo lo cuestionó duramente y votó en contra.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico serán las encargadas de dar la discusión de cambio normativo.
Mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión con las autoridades del Senado y con referentes del Interbloque Cambiemos y del Frente para la Victoria, para tratar de acelerar la sanción de la norma.
El proyecto prohíbe las salidas transitorias y los regímenes de semilibertad a imputados por homicidio simple y calificado. También están incluidos los delitos contra la integridad sexual y el robo con armas cometido en poblado y en banda.
Tampoco podrán gozar de un régimen de excarcelación anticipada quienes hayan sido condenados por tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, sometimiento a situación de esclavitud, terrorismo, delitos contra el orden financiero, el narcotráfico y delitos aduaneros. Además, quedan excluidos del régimen de salidas transitorias quienes posean una causa abierta y los reincidentes.
La iniciativa establece que el desempeño del condenado en actividades mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio. Las decisiones para la progresividad del régimen penitenciario serán tomadas por el responsable técnico-criminológico del establecimiento, el director del lugar y el director del régimen correccional.
El juez de Ejecución Penal deberá tomar en cuenta cada uno de los informes, que serán vinculantes.
Por su parte, la víctima deberá ser informada y expresar su opinión cuando se decidan las salidas del imputado.
Finalmente, entre otras previsiones, el articulado prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios.
Ayer, ante la inminencia del “endureciomiento” del sistema, los internos albergados en la cárcel de Devoto protestaron desde las ventanas del penal.
Algunos comenzaron huelgas de hambre mientas otros lanzaron consignas en contra de la modificación de la ley 24660.
