ESCUCHARRepresentantes de la entidad Mumalá afirmaron que el tema no forma parte de la agenda política. Proponen 14 acciones para combatir el problema, entre ellas una asignación económica para las víctimas
La organización Mumalá reclamó que se declare por dos años una Emergencia Nacional por Violencia de Género, en el contexto de una campaña lanzada en redes sociales que impulsa 14 acciones concretas, entre las cuales se encuentran una asignación económica para sobrevivientes y el desarme de los policías con antecedentes en este tipo de delito.
«Empezamos a pensar la campaña a partir del caso de Agustina (la adolescente de 17 años asesinada en Santa Fe) y de ver lo que está sucediendo estos primeros días del año, en los que tuvimos 12 femicidios en sólo 15 días», afirmó Analía Kelly, coordinadora bonaerense de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).
Kellly consideró que la violencia de género sigue sin formar parte de las prioridades de la agenda política, lo que se evidencia «en la falta de medidas concretas».
La iniciativa, cuyo hashtag #EmergenciaNiUnaMenos llegó a estar ayer segundo entre los trending topics (tema de tendencia) de Twitter de Argentina, involucra una serie de actividades adicionales: la recolección de firmas a través de un petitorio en la plataforma Change.org, la difusión callejera y la reunión con legisladores nacionales.
Como antecedentes de declaratoria de emergencia en un ámbito provincial se cuenta la experiencia salteña, ya que rige en ese distrito desde 2014, y de la provincia de Buenos Aires, vigente entre 2012 y 2017.
«En la provincia de Buenos Aires permitió la creación de comisarías, fiscalías y juzgados especializados; y en Salta, además, la apertura de un observatorio de violencia de género», recordó Kelly.
Entre las acciones impulsadas se destacan dotar de un mayor presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y destinar el 10 por ciento de las partidas de cada ministerio a políticas de igualdad de género.
«El presupuesto del INAM para el 2019 sufrió un recorte de 18 por ciento y destina sólo 11,36 pesos por mujer para todo el año», señaló.
El programa contempla también el “desarme” de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género y la “aplicación urgente” de dispositivos electrónicos para agresores que incumplen medidas judiciales».
«El 26 por ciento de los femicidios del 2018 se cometieron con armas de fuego y el 17 por ciento de este total eran reglamentarias», dijo.
Adicionalmente, se propone la creación de una asignación económica específica para víctimas de violencia: «Hemos registrado que un porcentaje alto de las víctimas convivía con su agresor porque existe un impedimiento económico para dejar el hogar común».
Otras políticas impulsadas por esta campaña son la creación de juzgados y fiscalías especializadas, la implementación del patrocinio jurídico gratuito y la creación de refugios.
