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Piden que no muden el Banco de Datos Genéticos

NORMA MORANDINI. La legisladora del Frente Cívico se opuso a la ley que reubicó el banco.
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La reubicación de la repartición estaba prevista para marzo, pero se pospuso debido a las objeciones presentadas ante la Justicia. La directora del Hospital Durand denució un intento de “vaciamiento”. Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo reiteró su apoyo a la iniciativa. La Corte debe resolver el recurso presentado por grupos de derechos humanos críticos del kirchnerismo.

En conferencia de prensa en un aula del Hospital Durand, organizada por la agrupación «Todos por el banco», la directora de la institución, Belén Rodríguez Cardozo, acompañada por organismos de derechos humanos, la senadora Norma Morandini y el legislador del Partido Obrero Marcelo Ramal denunciaron el «vaciamiento” del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Además, reiteraron que con el intento de traslado desde el Hospital Durand al edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva se pretende beneficiar a laboratorios privados.

Ley 26548
En 2009, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26548, que ordenó la reubicación del BNDG en la órbita del Estado nacional. También fijó su labor a casos de lesa humanidad.

Si bien la mudanza estaba prevista para marzo, se pospuso debido a las objeciones interpuestas ante la Justicia.

Un grupo de organizaciones de derechos humanos crítico del kirchnerismo objetó judicialmente la constitucionalidad de la ley de 2009 que avaló el traslado y las limitaciones al banco de datos genéticos. Solicitó una cautelar para suspender el traspaso, pero en junio la Cámara Federal rechazó ese pedido. Ahora el tema quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La senadora Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba) fue una de las más fervientes opositoras a la ley que el Congreso de la Nación aprobó en 2009 para avanzar con el traspaso y las limitaciones del BNDG.

En varias oportunidades, la legisladora recordó que una de las personas que impulsa el Gobierno nacional para presidir el nuevo BNDG es la médica Mariana Herrera Piñero, impugnada por un grupo de organizaciones de derechos humanos porque es accionista de la sociedad anónima Genda, que puede resultar beneficiaria de la restricción que impone la nueva ley para el banco. Además, Herrera Piñero fue una de las redactoras de la ley de 2009.

Restricción
Con fundamento en la restricción a la que apuntan quienes se oponen al traslado, todos aquellos casos que no sean de lesa humanidad serán cooptados por laboratorios privados, entre los que estaría Genda.

El diputado macrista Federico Pinedo también criticó el traspaso que involucra a la gestión de Mauricio Macri, ya que el hospital Durand está bajo la órbita del gobierno porteño, y destacó que antes hay que preservar los datos genéticos de las personas que no tienen relación con casos de lesa humanidad.

Cuestionamientos
Concretamente, la directora Rodríguez Cardozo cuestiona que el Poder Ejecutivo pretenda manejar el BNDG cuando es parte perito de muchos casos de restitución de identidad y, por otro, entiende que limitar a casos de lesa humanidad la función del banco genético sería «retrógrado» desde el plano de los derechos humanos universales.

Se estima que de las 20.300 muestras de ADN que hay actualmente en el laboratorio, sólo 7.000 están relacionadas con casos de lesa humanidad, lo que podría implicar que, a futuro, las personas que quieran pedir datos de filiación, investiguen redes de trata o tengan familiares víctimas de eventuales atentados, deberán recurrir a laboratorios privados.

En tal sentido, la médica advirtió de que si el Gobierno decide avanzar con el traspaso recibirá una “catarata de demandas” de quienes tengan sus datos en el banco y no han autorizado el traslado de sus huellas de ADN.

Abuelas
Por su parte, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ratificó su respaldo al traslado desde el Durand al edificio de la cartera de Ciencia y calificó de «absurdos» los argumentos de las organizaciones de derechos humanos.

«No pueden impedir que se cumpla con la ley sancionada por el Congreso de la Nación», dijo Estela de Carlotto, quien manifestó tener dudas sobre las «verdaderas intenciones» que persiguen quienes «están perturbando la mudanza”.

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