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Piden más participación de Defensoría de Niñez de Córdoba en causas por abuso

ARGUMENTO. El fallo consideró atendibles las razones para revocar el contacto entre padre e hijo.
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Madres y padres de víctimas de abuso sexual en instituciones educativas de Córdoba se reunieron con la titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, Amelia López, para plantearle la necesidad de que el organismo tenga una “participación más activa” en las causas que investigan esos delitos.

Vanina, una de las madres que participó de la audiencia, manifestó a Télam que “la reunión fue positiva” y que la funcionaria “se ha comprometido a seguir las actuaciones de cada uno de los casos denunciados y que se tramitan en la Justicia”.

En ese sentido dijo que los padres y madres tienen en claro que la Defensoría no puede actuar como parte de los procesos judiciales, pero que “puede articular mecanismos de asesoramiento y contralor para garantizar que las víctimas sean escuchadas y se garanticen sus derechos”.

La Defensoría “puede ser parte de forma indirecta en los procesos judiciales, con recomendaciones para evitar vulneraciones y arbitrariedades”, sostuvo Vanina al afirmar que “existe falsedad ideológica dentro de los equipos técnicos y los psicólogos forenses”, porque «no trabajan escuchando los relatos de los niños y aplican el inexistente SAP (Síndrome de Alienación Parental) en el 99% de los casos”.

La defensora López fue consultada por Télam sobre la reunión que mantuvo con el grupo de padres y madres y manifestó que “se receptaron las inquietudes y los datos de las causas que se investigan en la Justicia, que en algunos casos ya están en conocimiento” del organismo que preside.

“Vimos cuáles eran las dificultades comunes. No podemos ser partes en los procesos judiciales pero sí podemos prestar asesoramiento y observaciones acorde a nuestra competencia”, resaltó la titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.

Sobre estos temas, recientemente, más de 60 organizaciones firmaron un documento con reclamos por cambios en la justicia para que, en los procesos judiciales, se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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