ESCUCHAREl magistrado mendocino está acusado de liderar una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales. Hay otros 28 imputados
El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene imputado al juez de Mendoza, Walter Bento, como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales.
La acusación fiscal alcanza también a otras 28 personas, entre las que se encuentran la esposa y el hijo del magistrado, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”. En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Aliaga y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
La fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso. En esta fase, el soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.
En la investigación se determinó que la impunidad de hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha determinado en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave), todas medidas adoptadas por el juez Bento en persona o aprovechándose de la buena fe de su subrogante legal. Estas decisiones, a su vez, servían de excusa para aparentar la legalidad de la situación de libertad.
