ESCUCHAREn el marco de la causa que involucra a los agentes retirados también está imputado un productor de contenidos periodísticos, por la presunta comisión de amenazas e instigación a cometer delitos
El titular de la Fiscalía Federal Número 1 ante los Juzgados de Santa Fe solicitó que la causa instruida en contra de tres ex policías por la presunta comisión del delito de sedición sea elevada a juicio.
Al hacer su planteo, el agente Jorge Onel expuso que quedó demostrado que los imputados -junto a un productor de contenidos periodísticos- participaron activamente en el alzamiento policial de diciembre de 2013, en demanda de mejoras salariales.
Con respecto al encartado que no pertenecía a la fuerza al momento de los hechos, Onel le atribuyó haber instigado la comisión de delitos por parte de terceras personas que tenían estado policial, en virtud de lo cual ejecutaron “un plan penalmente relevante, consistente en alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo provincial, destinado a arrancarle una medida o concesión, que consistió en el dictado del decreto 4221/13”.
En ese sentido, expuso que la decisión del por entonces gobernador Antonio Juan Bonfatti -quien dispuso la suba de sueldos y recompuso la carrera profesional del personal policial y penitenciario- fue dictada “sin voluntad plena”.
En tanto, reseñó que al actuar ilícitamente Martínez utilizó diversos espacios virtuales de una organización sin reconocimiento legal llamada APropol en redes sociales para hacer publicaciones con el objetivo de instigar a distintos actores a alzarse en armas contra las autoridades políticas de la jurisdicción.
También le atribuyó haber enviado mensajes de texto a teléfonos pertenecientes al ex mandatario local, en plena crisis. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó además que Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Miguel Pagani, sargentos en actividad cuando se dieron los sucesos, vayan a debate, alegando que actuaron como coordinadores y negociadores de las acciones ilegítimas investigadas.
Además, argumentó que se movilizaron en forma organizada con otras personas (varias portando armas de fuego) y que, paralelamente, para presionar, abandonaron y debilitaron sus obligaciones.
Onel situó el alzamiento en contexto con otros episodios que se verificaron simultáneamente en varias provincias -entre ellas, Córdoba- y razonó que los encausados no podían desconocer esos hechos, que produjeron “una afectación cierta y considerable a la seguridad nacional”, no sólo porque eran de conocimiento público sino porque además formaron parte de las arengas al personal policial de Santa Fe.
El funcionario destacó que la Corte Suprema se manifestó sobre la validez de la restricción del derecho a sindicalizarse y que determinó que está sujeto a las restricciones del derecho interno. “Incluso, las normas internacionales incorporadas a través del artículo 72 inciso 22 de la Constitución Nacional reconocen que el ejercicio de los derechos sindicales por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad puede comprometer valores esenciales del Estado, lo que justifica las limitaciones que le son impuestas”, acotó.
En su requerimiento, puntualizó que Martínez deberá responder por la figura de instigación a cometer delitos, en concurso real con amenazas coactivas agravadas. Para Onel, la conducta del encartado “superó con creces el ámbito de lo que se puede considerar un reclamo legítimo para ingresar en el campo de lo delictual”, y recordó que llamó a paralizar el servicio y a la insubordinación.
También consignó que difundió diversas situaciones “con desprecio de las consecuencias que provocaron”.
Sobre las amenazas, subrayó: “No resulta posible deslindar el contenido de los mensajes de la evaluación del contexto fáctico en que fueron enviados, mientras la provincia se encontraba en una grave situación por el conflicto policial y se estaba materializando una fuerte presión sobre los poderes”.
En tanto, requirió que Abasto, Patiño y Pagani respondan por el delito de sedición agravado por tratarse de funcionarios públicos, recordando que para que se configure el tipo penal se requiere que se trate de un movimiento que debe contar con armas propias o impropias, o con la disponibilidad de ellas, y que lo relevante es que haya existido la posibilidad real y efectiva de uso, independientemente de que ello haya ocurrido o no.
La medida de fuerza de diciembre de 2013 incluyó manifestaciones ante la sede de la Unidad Regional y el bloqueo de las puertas del edificio; la inutilización de móviles policiales vía sabotaje; interferencias e interrupciones en el servicio telefónico de emergencias 911 y retiros injustificados lugares de trabajo. Como consecuencia de ello, durante los días que se expendió se registraron diversos hechos que pusieron en riesgo la seguridad pública y se vio afectado el orden institucional de la provincia, que puso en marcha un comité de crisis.
