ESCUCHARLa denuncia la formuló el fiscal federal Guillermo Marijuan, por la eliminación de una docena de registros con información de la población. El agente solicitó además que se dicte una medida cautelar con el objeto de que se prohíba que sean dados de baja
El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal para que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios del Gobierno nacional que intervinieron en el dictado de la resolución mediante la que se ordenó la baja de una docena de bases de datos creada con la finalidad de registrar los casos de covid-19 y la aplicación del la app Cuidar.
La eliminación en cuestión fue ordenada mediante la resolución 2, de 2023, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Según Marijuan, como resultado de la disposición se borró “cualquier tipo de registro de datos vinculado a las personas que pudieran haber registrado y/o utilizado las aplicaciones creadas por el Gobierno nacional”.
Alegó además que la conducta implica la supresión de “posibles antecedentes de personas que hayan padecido el virus” o utilizado las herramientas y aplicaciones que implementó la administración de Alberto Fernández para registrar turnos de vacunación y demás datos personales, todo lo cual refleja las políticas empleadas para el plan de inmunización de la población del país.
“No debe perderse de vista que aún se sigue convocando a la población a que continúe y/o complete el plan de vacunación, lo cual demuestra la necesidad de que estos datos continúen siendo resguardados”, destacó Marijuan.
Asimismo, subrayó que las bases de datos cuya eliminación se ordena en la disposición de la Jefatura de Gabinete alcanza a certificados y permisos de circulación emitidos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Hechos
Marijuan planteó que los hechos podrían encuadrar en el ilícito tipificado en el artículo 248 del Código Penal (CP), que reprime con una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
“Se advierte la posible comisión del delito escogido a partir de la intervención de las distintas áreas de la Jefatura de Gabinete de Ministros que actuaron en el dictado de la disposición 02/23, mediante la cual se ordena la eliminación de las bases de datos descriptas”, indicó.
Con la finalidad de acreditar los supuestos que denunció, el fiscal sugirió que se incorporen a la causa los datos de los funcionarios públicos de la Jefatura de Gabinete que intervinieron en el dictado de la disposición y que se agreguen las copias periodísticas que reportan los acontecimientos que se denuncian, la norma publicada en el Boletín Oficial y cualquier otra medida de prueba que el juez a cargo de la instrucción estime necesaria o útil.
Solicitó además que se dicte una medida cautelar con el objeto de que se prohíba la destrucción o eliminación de las bases de datos.
En los considerandos de la norma que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 29 de marzo, el Gobierno nacional adujo que las razones que fundaron inicialmente la implementación inmediata de la aplicación Cuid.AR, la que definió como “indudablemente necesaria en el contexto de pandemia”, ya no existen en el contexto actual.
Así, sostuvo que “es menester suprimir la aplicación de los sistemas e iniciar los trámites pertinentes” a fin de dar de baja las bases de datos involucradas en la aplicación y “suprimir de manera definitiva e irreversible” la información que contienen.
Amnistía Internacional
Desde el inicio del confinamiento, que se aplicó con distintos matices en cada país, se planteó un interrogante global sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre los derechos individuales de las personas y el grado de invasión sobre su intimidad y sus libertades.
En septiembre de 2020, Amnistía Internacional (AI) hizo su aporte al debate por el uso de la aplicación Cuidar.
Mariela Belski, directora Ejecutiva de AI Argentina, se reunió con integrantes del Gobierno, luego de lo cual el grupo emitió el documento “Los riesgos de la App Cuidar: algunas preocupaciones de derechos humanos”.
AI puso énfasis en el tema más sensible que implican mecanismos de control como Cuidar: el manejo de antecedentes de salud.
Subrayó que aunque la Ley de Protección de Datos Personales exige una normativa que autorice expresamente su recolección y tratamiento y la preservación de la identidad de sus titulares, no hay legislación.
Bajo esa premisa, y como la identificación era un requisito para utilizar la plataforma, indicó que el Gobierno debía ser capaz de demostrar técnicamente -y de forma transparente- que era imposible “desanonimizar” los datos sensibles.
Paralelamente, juzgó que la carga de someterse a un autodiagnóstico de síntomas era prescindible. “Cualquier persona puede tramitar el permiso de circulación sin que se le solicite información sobre su salud”, estimó.
Asimismo, AI manifestó que inquietaba cómo se almacenaban y trataban datos y cuestionó la falta de información pública sobre garantías de protección y seguridad que “permitan el control externo e independiente”.
En otro tramo de su estudio, AI abordó la problemática relativa al uso obligatorio de la app y denunció que la exigencia de contar con “determinada documentación, tecnología y conectividad” para acceder a derechos afectaba la igualdad y la no discriminación.
En esa dirección, recordó que muchos ciudadanos carecían de la tecnología o del conocimiento necesarios para descargar y usar Cuidar y que ello los excluía de la posibilidad de tener los mismos derechos que otros.
“Amnistía Internacional pide al Estado que en la medida que implemente tecnología para combatir la crisis sanitaria incorpore las salvaguardas necesarias para demostrar que respeta plenamente los derechos humanos”, consignó finalmente.
Horas después de que trascendieron las conclusiones de AI, la Secretaría de Innovación Pública emitió vía Twitter un comunicado en el que aseguró que resguardaba datos, que no rastreaba a los usuarios y que creó una página web que, entre otras cosas, reseñaba términos y condiciones, pautas de funcionamiento y avances “para futuras versiones de la plataforma”.
“De acuerdo con las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil, publicamos el código de la app”, precisó también, aunque aclaró que consideraba que la difusión del backend sería “contraproducente para garantizar la protección de los datos”.
En el mismo posteo, argumentó que las referencias requeridas en el autodiagnóstico se imponían “para determinar si un caso es sospechoso o no”.
La respuesta de la secretaría no cerró el debate. Al contrario: AI contestó la suerte de descargo gubernamental expresando que a dos semanas de la reunión que sus representantes mantuvieron con funcionarios de la Secretaría de Innovación Pública -que respondía al en ese entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- para alertar sobre diversas falencias, sus preocupaciones persistían; en especial, por el destino de los datos.
AI también resaltó que tener certezas sobre ese punto era importante para garantizar que no se estuvieran formando archivos o bases con información sensible de salud y reiteró que no había garantías alternativas que permitieran una auditoría externa para analizar cómo se almacenaron y trataron los datos.
