El fiscal federal Federico Delgado promovió ayer una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el traspaso de las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Poder Ejecutivo para campañas de comunicación oficial. Delgado pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, que ordene evaluar «la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses y todos sus anexos», según el dictamen. «La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)», evaluó el fiscal.
La denuncia fue presentada la abogada Valeria Laura Carreras, luego de que se conoció la decisión de usar datos de ciudadanos tomados de la base de Anses para difundir actos de gobierno.
Delgado pidió que esa evaluación de legalidad del convenio sea hecha por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de la Nación y, también, por la Procuración del Tesoro.
Además, sugirió que se convoque a «dos expertos más, independientes del Poder Ejecutivo Nacional», para realizar la tarea.
Carreras presentó también un amparo ante el Juzgado Contencioso-administrativo Federal 11, a cargo de la jueza María José Sarmiento.
Ante ello, el fiscal pidió además que se envíe ese expediente donde tramita el amparo para «establecer qué se resolvió sobre el fondo del asunto».
