Piden informes por pagos fraudulentos de indemnizaciones a familiares de supuestas víctimas de la dictadura

La causa judicial comenzó a instruirse tras la denuncia presentada en 2019 por el periodista José D’Angelo. La Cámara Federal revocó la desestimación del planteo dictada por el juez Lijo, que ahora avanza con la pesquisa: le pidió al Ministerio de Economía de la Nación que confirme si efectivamente se abonaron los resarcimientos a los que apuntó el actor

A principios de julio pasado, la Justicia federal ordenó que se siguiera investigando una denuncia por el presunto cobro fraudulento de más de una decena de indemnizaciones por parte de familiares de víctimas del terrorismo de Estado que -se sopecha- no fueron tales.

Lo resolvió por mayoría la Cámara Federal de Apelaciones, con los votos de los vocales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Los jueces revocaron la desestimación de las actuaciones dictada por el juez Ariel Lijo, quien basó su decisión en que el fiscal Federico Delgado no impulsó la acción.

Lo hicieron al admitir el recurso presentado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que también solicitó ser tenida como querellante.

Antes de pronunciarse, la Cámara le devolvió el expediente a Lijo para que se expidiera sobre el reclamo de los letrados.

Una vez que Lijo aceptó el pedido, la alzada estableció que la opinión de Delgado no le impedía al magistrado avanzar con la investigación y, por eso, le envió el caso para que, con intervención de la querella, resolviera los pasos a seguir.

Presunto fraude

La denuncia que generó las actuaciones la presentó el periodista, escritor y militar retirado José D’Angelo en noviembre de 2019, contra funcionarios y ex funcionarios, por el otorgamiento de más de una decena de indemnizaciones, supuestamente fraudulentas, a familiares de supuestas víctimas del terrorismo de Estado pero que -según él- no lo son.

Al cotejar documentos y testimonios de la época, D’Angelo expuso que ninguno de los expedientes que estudió responde a las causales comprendidas en las denominadas “leyes reparatorias”.

En 2016, cuando ya desde hacía varios años algunos sectores insistían con que -por razones simbólicas- lo correcto es afirmar que los desaparecidos fueron 30 mil, Graciela Fernández Meijide, que integró la Conadep, reavivó el debate sobre el tema al declarar que esa cantidad “fue un invento de los exiliados en España”.

Así, sostuvo que, de comprobarse los hechos, los beneficiarios serían responsables del fraude ocasionado al Estado, y que lo propio sucedería con quienes los hubieran asesorado para la tramitación y cobro de las indemnizaciones y los funcionarios públicos que aprobaron los pagos, con conocimiento de ello o sin concretar las diligencias necesarias para corroborar su procedencia.

Córdoba

Dos violentos episodios que se registraron en Córdoba durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón figuran entre los hechos citados por D’Angelo, autor del libro Mentirás tus muertos , entre otros.

El primer caso sucedió en agosto de 1975 e involucra a Hugo Therisod, alias “Roque”. Ese día, una unidad de combate del denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) atacó en forma simultánea la División Informaciones, el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia de Infantería de la Policía provincial. Como consecuencia del ataque, seis personas perdieron la vida: cinco uniformados y Therisod.

Aunque la revista “Estrella Roja”, del ERP, publicó un artículo en el cual elogió el compromiso de “Roque” con la revolución socialista y “su odio a la policía y demás fuerzas represivas”, sus herederos recibieron la indemnización correspondiente a las víctimas del terrorismo de Estado: casi cien mil dólares.

El segundo hecho ocurrió en septiembre de 1975 , cuando un comando del ERP asaltó un camión de caudales y los custodios del rodado y efectivos de la Policía provincial se enfrentaron a tiros con los guerrilleros. Como consecuencia, murieron Nora Marquardt (alias “Sargento Clara”) y dos empleados de seguridad.

Veinticinco años después, los deudos de la mujer abatida, a quien se catalogó como víctima del terrorismo de Estado, cobraron más de 170 mil dólares.

“Roque” y “Sargento Clara”

D’Angelo alegó que los casos de “Roque” y la “Sargento Clara” se enmarcaron en una serie de maniobras que, invocando las leyes reparatorias, posibilitaron defraudar al Estado.

Además, sostuvo que se abonaron resarcimientos por decesos de guerrilleros ajusticiados por su propia organización (por “traidores”) o que murieron por su impericia al manipular explosivos.

En el último grupo figura Adriana Kornbliht (alias “la Turca”), quien falleció mientras intentaba colocar una bomba en la comisaría de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires, en marzo de 1977. Sus familiares recibieron 116 mil dólares en 2007.

Jovina Luna

No fue la primera vez que se puso en tela de juicio los resarcimientos cobrados por deudos de guerrilleros.

En junio de 2019, ex titulares de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron denunciados por presunta defraudación a la Administración pública y falsedad ideológica, a raíz del supuesto otorgamiento espurio de indemnizaciones destinadas a víctimas de la dictadura.

Jovina Luna (fallecida por covid-19 en junio de este año), hermana del conscripto Hermindo Luna, asesinado el 5 de octubre de 1975 en el Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, durante un ataque de la organización armada Montoneros que dejó como saldo 13 abatidos, denunció que los derechohabientes de nueve de ellos recibieron dinero merced a encuadres apócrifos.

“Las maniobras delictivas consisten en la registración oficial de casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que sus causahabientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público al amparo de la Ley 24411”, planteó la mujer.

Los ex funcionarios que mencionó se desempeñaron entre 1995 y 2015: Alicia Pierini (1991-1997), Inés Pérez Suárez (1997-1999), Diana Conti (2000-2003), el fallecido Eduardo Luis Duhalde (2003-2012) y el cordobés Martín Fresneda (2012-2016).

Medidas de prueba

Ahora, Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para investigar un total de 13 indemnizaciones irregulares.

Concretamente, le pidió al Ministerio de Economía de la Nación que confirme si efectivamente se abonaron las reparaciones a las que apuntó D’Angelo.

Así, la cartera que encabeza Martín Guzmán deberá enviar al juez la lista completa de los beneficiarios y los montos abonados por las leyes reparatorias, y deberá precisar los pagos realizados a estudios jurídicos, gestores, abogados particulares o entidades involucradas en las actuaciones.

Además, Lijo le ordenó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti , que le remita los legajos de las personas mencionadas en la denuncia.

Cifra oficial

La cifra oficial del Estado Argentino sobre desaparecidos durante la última dictadura (1976-83) la estableció la Conadep, que documentó y contabilizó 7.954 casos.

En 2016, cuando desde hacía varios años algunos sectores insistían con que -por razones simbólicas- lo correcto es afirmar que fueron 30 mil, Graciela Fernández Meijide, quien integró aquel comité, reavivó el debate sobre el asunto al declarar que esa cantidad “fue un invento de los exiliados en España”.

Un par de años después, la activista puso en duda aquel número y fustigó lo que, a su entender, fue un “uso político” de los derechos humanos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

“Es muy ligero decir que hubo 30 mil desaparecidos, redondeando, en un país donde hubo registros como en ningún otro” , disparó.

En ese sentido, recordó que se empezó a investigar la cifra durante la dictadura y que cuando volvió la democracia y se puso en marcha la Conadep, por un tema de infraestructura, casi todos los organismos remitieron su parte documental. “En ese momento no se llegaba a 5.000 nombres registrados”, explicó.

Fernández Meijide, madre de Pablo, quien desapareció a los 17 años, insistió con que “desde la historia y desde el periodismo de investigación se puede extremar la búsqueda de recursos para lograr el máximo reconocimiento que acerque a la verdad”.

“Cada víctima tiene derecho a que su nombre y datos figuren individualizados”, dijo, y opinó que la “generalización de 30 mil” es irrespetuosa.

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