ESCUCHAREl fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, pidió enviar a juicio a 25 personas acusadas de integrar una organización que habría dirigido y comercializado las facturas apócrifas emitidas por 65 usinas, y luego distribuirlas desde esa provincia a otras ocho, a un total de 2.700 contribuyentes, para evadir impuestos. El perjuicio estimado supera mil millones de pesos y la asociación ilícita fiscal habría estado liderada por el piloto de Turismo de Carretera (TC) Ariel Balmaceda.
La investigación incluyó la realización de más de 50 allanamientos en todas las jurisdicciones involucradas. La conducta del piloto fue calificada como de jefe y organizador “de una organización o asociación compuesta por tres o más personas habitualmente destinada a cometer, colaborar y coadyuvar a sendos delitos de evasión tributaria”, en tanto que a los restantes acusados se los consideró miembros.
Al evaluar todos los elementos recopilados durante la pesquisa, Rachid concluyó que se pudo establecer la existencia “de una verdadera organización delictiva” destinada “a la generación y comercialización de facturas apócrifas -que documentaban operaciones inexistentes-, a su vez destinadas a favorecer la evasión de impuestos por parte de los usuarios de las mismas -quienes serían los clientes de la organización delictiva-, mediante el cómputo de créditos fiscales y/o gastos espurios e indebidos, respaldados con aquella documentación impositiva apócrifa”. Para ello, la usina principal “habitualmente confeccionaba facturas, remitos, recibos y demás documentación de índole contable-impositiva, la cual luego comercializaba a gran escala, por lo que se hallaba destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la evasión de impuestos”.
La escala de la estructura ilegal queda graficada, para el fiscal, si se tiene en cuenta que se descubrieron 65 usinas; 2.779 usuarios de comprobantes espurios y otras usinas que actuaron también como receptoras de comprobantes apócrifos. En esa línea, agregó que la organización “extendió sus ‘productos’ por distintas provincias del país, coadyuvando y facilitando a través de su actuación habitual y sostenida en el tiempo, evasiones tributarias multimillonarias”. Entre los servicios brindados se contaban la generación e inscripción de contribuyentes apócrifos -sociedades fantasmas o personas físicas insolventes que no desarrollaban las actividades gravadas falsamente declaradas-, a cuyo nombre se emitía la documentación impositiva falsa, luego comercializada.
