ESCUCHAREl 21 de marzo de 2018, después de varios días de llamativas noticias, el Club Atlético Independiente presentó una denuncia por abusos sexuales ejercidos contra sus futbolistas.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Número 4 de Avellaneda (Buenos Aires) y ayer, a dos años y ocho meses de que el primer joven deportista expuso lo que estaba sucediendo, la fiscal Soledad Garibaldi dio por cerrada la instrucción y solicitó la elevación a juicio del expediente.
Los imputados son el árbitro Martín Bustos; el relacionista público Leonardo Cohen Arazi; el dueño de emprendimientos futbolísticos Alejandro Dal Cin; el representante de jugadores Alberto Ponte; el empresario Juan Manuel Díaz Vallone y el empleado Silvio Fleytas.
Se les enrostra la presunta comisión de los delitos de promoción de la prostitución agravado porque las víctimas son menores de edad y vulnerables, en concurso real con corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal y explotación sexual.
La situación de Bustos es particularmente grave, por saber que padecía una enfermedad de transmisión sexual.
Para llegar a su conclusión, la fiscal se basó en los innumerables testimonios tomados a las víctimas en Cámara Gesell, en las declaraciones de sus familiares -quienes viajaron desde el interior o que fueron entrevistados por ella en sus provincias de origen-, en los dictámenes de los expertos psicólogos y en los informes victimológicos y criminológicos de los equipos especializados del Poder Judicial.
La agente expuso que la investigación estableció que los jugadores abusados son los más vulnerables socioeconómicamente y que los seis encartados se acercaban primero a ellos en función de una actitud de contención y generación de seguridad y confianza, para después, una vez que tenían autoridad, terminar convenciéndolos de tener sexo por dinero.
Cabe destacar que las necesidades económicas que padecían los chicos eran tan graves que algunos no tenían dinero ni para visitar, de vez en cuando, a sus seres queridos.
En septiembre de 2018, la Sala Uno de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora decidió cambiar la carátula del caso y sólo sostener la corrupción de menores, que por tener un mínimo excarcelable permitió que los imputados recuperaran su libertad. Los jueces alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas porque en sus declaraciones algunos jugadores manifestaron que intercambiaban sexo por plata para poder comprarse ropa o ir a bailar.
En su requerimiento, la fiscal atacó ese argumento apelando a distintos pronunciamientos de Unicef y de la Convención Universal por los Derechos del Niño.
“Entiendo que se encuentra probado que los imputados tenían conocimiento acabado de las necesidades de las víctimas, tanto así que el modo de ganarse su confianza en todos los casos era ofreciéndoles aquellos bienes que para ellos eran inalcanzables y en definitiva a través de los mismos, acceder al ámbito con el que anhelaron desde su primera infancia”, destacó.
En otro tramo, resaltó: “No creo que exista la prostitución feliz, porque se parte de la desigualdad de condiciones”.
“Para estos chicos, el hecho de haber sido explotados sexualmente constituyó una actividad degradante desde el punto de vista de la libertad sexual, la dignidad y su psiquis. Donde hay explotación y por tanto desigualdad no hay consentimiento posible”, planteó.
A Cohen Arazi se le imputan siete hechos de abuso, lo mismo que a Dal Cin, mientras que al árbitro Martín Bustos y a Díaz Vallone, Alberto Ponte y Silvio Fleytas, tres.
Aunque la fecha del primer abuso data de 2013, Garibaldi cree que esto viene desde mucho tiempo atrás y que no se circunscribe únicamente a Independiente. Por eso, anexó denuncias.
