ESCUCHARLa ex legisladora Mariana Zuvic (CC) le pidió al Tribunal Oral Federal N° 4 que revoque el arresto domiciliario del empresario patagónico Lázaro Báez.
Zuvic recordó que en agosto del 2024 le cursó una nota al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona expresando su preocupación por la decisión de permitir que Báez cumpla su condena en una propiedad cuya magnitud y características “no se condicen con una situación patrimonial lícita” ni con el principio de igualdad ante la ley.
Zuvic pidió que se revea la permanencia del penado en arresto domiciliario “en condiciones notoriamente privilegiadas”, al entender que ello es incompatible “con la finalidad retributiva, ejemplificadora y resocializadora de la pena”.
“Toda señal de permisividad o laxitud en la ejecución de la condena atenta contra el principio de justicia y puede ser leída socialmente como un mensaje de impunidad”, sumó.
Báez estuvo preso en la causa conocida como “la ruta del dinero K” desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando quedó en libertad. Sin embargo, siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado, por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.
La semana pasada, la Corte, con las firmas de los conjueces Mariano Lozano y Ramón Luis González -de General Roca y Corrientes, respectivamente- dejó firmes las condenas de Báez y de otros encausados.
Tanto el Tribunal Oral Federal 4 como la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal consideró probabas operatorias de lavado de 55 millones de dólares por parte de Báez.
Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y los conjueces decidieron dejar firmes las condenas de la Casación. En disidencia, Carlos Rosenkrantz entendió que la causa debía remitirse a la Procuración General de la Nación.
La Corte también confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá seguir bajo pesquisa en “la Ruta del dinero K”.
Rechazó la apelación de sus abogados contra los fallos de la Cámara Federal y de la máxima instancia en lo penal federal que revocaron su sobreseimiento y aceptaron como querellante a la asociación civil Bases Republicanas.
Además, denegó las recusaciones en contra de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y el camarista de la Casación Gustavo Hornos.
El empresario y otros acusados fueron enviados a juicio por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Fueron condenados, pero una parte de la causa quedó bajo investigación. Es la que involucra a la ex vice, para determinar si el dinero que lavó Báez era suyo.
En mayo de 2023 Marijuán pidió el sobreseimiento. Entendió que no se pudo acreditar su vinculación con las maniobras, más allá de la certeza de lo que definió como su “estrecha y directa relación personal” con Báez.
Casanello aceptó el planteo y sobreseyó a la ex presidenta. La ONG Bases Republicanas pidió acusar para sostener que “Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner”.
El magistrado negó el pedido, pero la Cámara Federal lo habilitó y mandó a revocar el sobreseimiento de la ex vice.
El expediente tiene dos medidas de prueba en curso. Una es el análisis de un audio en el que Baéz hace referencia a que su dinero era de alguien “de arriba”. La otra es un estudio contable para determinar el destino de los fondos que Báez reingresó a sus empresas desde Suiza.
