Piden anular investigación contra una mujer que intentó ingresar marihuana a la cárcel

El fiscal federal Onel consideró que la requisa que se le hizo a la imputada no tuvo fundamento. También alegó que “avasalló su intimidad y dignidad como persona”. La encausada llevaba un profiláctico con 74 gramos de cannabis oculto en su vagina

Jorge Onel, titular de la Fiscalía Federal Número 1 de Santa Fe, le solicitó al responsable del Juzgado Federal Número 1 de esa jurisdicción, Reinaldo Rodríguez, el archivo de la investigación seguida en contra de una mujer que fue sorprendida cuando intentó ingresar marihuana al penal de Coronda, oculta en sus partes íntimas. [privado]

Onel consideró que la requisa que se le hizo a la encausada careció de justificación y que “avasalló su intimidad y dignidad como persona”.

El hecho ocurrió el 29 de abril, cuando la encartada concurrió a la Unidad Número 1 para visitar a un interno. Mientras era revisada con el detector de metales y ante su nerviosismo, conducta evasiva y “poca predisposición” -según consta en la causa-, la ayudante del Servicio Penitenciario que efectuaba el control sospechó que podría ocultar algún objeto o sustancia prohibida, por lo que le solicitó que se desvistiera para efectuar una inspección visual.

Así, la guardia advirtió que de la ropa interior de la mujer sobresalía un bulto y le pidió que se lo entregara. Resultó ser un profiláctico con 74 gramos de marihuana en su interior, que la mujer tenía oculto en su vagina.

Al intervenir en la pesquisa, el fiscal Onel estimó que el caso debía examinarse y valorarse “desde una mirada que se compromete con los derechos de las personas privadas de libertad, como así también de quienes concurren a los establecimientos carcelarios a visitarlas, reconocidos tanto en la normativa internacional como nacional, dentro de la que se insertan las prácticas de requisas”.

El fiscal citó el precedente de la CIDH en el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina” (septiembre de 2020), en el cual se determinó que el “nerviosismo” o la “vestimenta” no constituyen hechos o informaciones suficientes y concretas que permitan “a un observador razonable inferir objetivamente la probable comisión de un delito”.

Bajo esa premisa, luego de citar las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas” (Reglas de Mandela), las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes” (Reglas de Bangkok), los "Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, la normativa nacional y de la Provincia de Santa Fe y distintos precedentes judiciales, el agente sostuvo que el procedimiento fue irregular.

Alegó que la requisa vulneró el derecho a la intimidad, a la integridad física, psíquica y moral, y el derecho a la protección de la dignidad y honra de las personas.

Adujo que también afectó el principio de la intrascendencia de la pena y la protección de la familia que asiste a toda persona privada de libertad.

Penitenciaria

“No se advierte que la funcionaria haya actuado bajo el amparo de sospecha fundada de la comisión de un delito o de circunstancia alguna que excepcionalmente pudiere justificar una diferente ponderación de intereses”, aseguró.

Para Onel, la versión de la agente penitenciaria relativa a que la actitud de la imputada la llevó a presumir que podría ocultar algún objeto o sustancia que no podía ingresar al establecimiento, no fue razón suficiente para, sin orden judicial, “avanzar sobre la intimidad y la dignidad” de la involucrada.

Al intervenir en la pesquisa, el fiscal estimó que el caso debía examinarse y valorarse “desde una mirada que se compromete con los derechos de las personas privadas de libertad, como así también de quienes concurren a los establecimientos carcelarios a visitarlas”.

Al respecto, citó el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina” (sentencia del 1 de septiembre de 2020), en el cual se determinó que el “nerviosismo” o la “vestimenta” no constituyen hechos o informaciones suficientes y concretas que permitan “a un observador razonable inferir objetivamente la probable comisión de un delito”.

Asimismo, ese fallo precisó que “el uso de estereotipos supone una presunción de culpabilidad contra toda persona que encaje en los mismos, y no la evaluación caso a caso sobre las razones objetivas que indiquen efectivamente que una persona está vinculada a la comisión de un delito”.

Onel concluyó aseverando que, si bien el Estado debe garantizar el orden y la seguridad dentro de los establecimientos carcelarios, los procedimientos de requisa o registros para impedir el ingreso de elementos prohibidos debe practicarse con respeto de las garantías constitucionales, de modo que se alcance “un equilibrio entre el deber de la autoridad penitenciaria de mantener el orden y la seguridad del establecimiento carcelario y el derecho a un trato digno y respetuoso de las garantías constitucionales imperantes en la materia”. [/privado]