ESCUCHARLa Procuración Penitenciaria alertó sobre la intensificación de la punitividad que afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Después de los presos por delitos contra la propiedad les siguen las “mulitas”. El número de personas privadas de su libertad llega a cien mil
La tasa de encarcelamiento en Argentina no deja de crecer. Ya superan las 100 mil las personas privadas de su libertad, según las nuevas estadísticas oficiales producidas en el marco del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Al 31 de diciembre de 2018, en Argentina había 94.883 personas privadas de su libertad en diferentes cárceles del país. Si se le agregan las alojadas en comisarías y otros espacios de encierro, el número alcanza un total de 103.209 personas presas en el territorio nacional. De un año a otro la cifra de presos y presas creció en términos absolutos en casi 10.000 personas.
Los números son el resultado de la intensificación de la punitividad, según destacan responsables de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Mientras que entre 2008 y 2016 la tasa de encarcelamiento crecía con un promedio de 3% anual, desde 2017 se verifican incrementos superiores a 10%, lo que ocurrió nuevamente durante 2018.
En ese año, la tasa de encarcelamiento de Argentina era de 213, y ubicaba al país en una situación notablemente más grave que la de otros de la región, como Paraguay, Venezuela o México, que presentan cifras más moderadas.
El fenómeno del narcomenudeo
Por tercer año consecutivo, las personas encarceladas por delitos vinculados con estupefacientes se han mantenido en segundo lugar en la cantidad de detenidos, sólo superadas por los delitos contra la propiedad privada como robos y hurtos.
“La vulnerabilidad de estas personas se expresa al observar las penas que reciben: en promedio, son condenados a seis años de prisión, lo que demuestra que la persecución penal lejos de orientarse en los responsables del narcotráfico se focaliza sobre mulitas o personas que realizan tareas de menor relevancia en la cadena de responsabilidad, como aquellas que transportan o comercializan estupefacientes a pequeña escala”, destacó el informe de la PPN.
Las estadísticas oficiales señalan también que las principales y peores características del encierro se han mantenido inalterables: las personas privadas de su libertad son en su mayoría jóvenes (más de 60% tiene menos de 33 años), de sectores educativos y económicos de alta vulnerabilidad (67% sólo alcanzó los estudios primarios, 43% no tenía trabajo al momento de la detención y 39% trabajaba de forma precaria). Además, durante su experiencia en el encierro, la mayoría no accede a los pilares básicos de la resocialización: 51% no obtiene educación y 77% no realiza ningún tipo de actividad laboral o de formación. La cantidad de muertes en contextos de encierro no cede, con 266 fallecimientos durante 2018.
El abuso de la prisión preventiva
El abuso de la prisión preventiva sigue inalterable. El informe destaca que las personas con condena firme superan, por muy poco, a aquellas procesadas. Sin embargo, esta sutil mayoría de 53% no ha logrado disminuir la utilización sistemática de la prisión preventiva, que representa la situación procesal de la otra mitad de los detenidos.
“La persistencia de los presos/as preventivos/as debe ser comprendida como un rasgo del mal funcionamiento del sistema penal argentino y del sistemático incumplimiento de las garantías constitucionales. Pero, además, se trata de un fenómeno que requiere urgente intervención, en especial en el actual contexto de Emergencia en Materia Penitenciaria, recientemente declarada por el Ministerio de Justicia y DDHH”, expresó la Procuración.
Y concluyó: “La PPN reitera la alerta sobre el incremento del encarcelamiento y cuestiona seriamente su capacidad para solucionar o generar intervenciones positivas respecto de los problemas de inseguridad urbana. Por el contrario, es urgente reforzar el compromiso con los derechos humanos de las personas presas y abogar por la reducción de la punitividad y la selectividad penal que tiene por blanco a los y las más vulnerables”.
Emergencia
En abril pasado y ante el fuerte incremento de la población detenida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la emergencia carcelaria por tres años. Entre los objetivos está el de reducir el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal; mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables.
Alerta
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ,en su último examen de la Argentina de 2017, urgió al Estado argentino a realizar una auditoría federal y provincial con el fin de adecuar las condiciones de reclusión de los centros penitenciarios y comisarías a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
