Perú: un político millonario logró condena a prisión de un periodista de investigación

La justicia admitió la demanda de una de las personas más poderosas del país, César Acuña, en contra de Christopher Acosta, por supuesta difamación mediante el libro Plata como cancha. También accionó con éxito contra el editor y la firma que publicó la obra. Si no prospera la apelación de los accionados, deberán pagarle 100 mil dólares al actor

La justicia de Perú sentó un precedente perjudicial para la libertad de expresión en el país, al admitir la demanda de uno de los políticos y empresarios más poderosos del país , César Acuña, en contra del periodista de investigación Christopher Acosta, por supuesta difamación mediante el libro Plata como cancha (Random House, 2021).

Acuña, tres veces candidato presidencial, denunció también al director de la editorial, Jerónimo Pimentel, y a la firma.

Pretendía que los tres accionados le pagaran casi 25 millones de dólares como reparación del daño que, según alegó, le causó el libro.

El juez de Lima Raúl Vega le dio la razón al actor, fundador del partido político Alianza para el Progreso, y condenó a los accionados por “delito contra el honor” y “difamación agravada”, por 30 frases que tiene la obra sobre Acuña.

Les impuso dos años de prisión en suspenso a Acosta y a Pimentel, quienes no podrán cambiar de domicilio sin previa autorización y deberán concurrir ante la justicia cada 60 días.

Además, los dos hombres y la editorial deberán pagarle 100 mil dólares al reclamante.

Tanto la empresa como Acuña y Pimentel anunciaron que apelarán la decisión.

Una vez que trascendió el tenor del decisorio de Vega, la Fundación Gustavo Mohme Llona, que trabaja por la libertad de expresión, se solidarizó con el periodista y consideró que la sentencia debe ser revertida en las siguientes instancias. “La justicia no debe ser utilizada como instrumento contra las libertades de expresión e información”, añadió.

Por su parte, la ONG Proética, que se enfoca en la corrupción, consideró que el fallo emitido por el titular del Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima busca intimidar al periodismo de investigación.

El libro Plata como Cancha es una biografía no autorizada. Su título es una frase que Acuña expresó en una conversación: afirmó que si llegaba a ser presidente de Perú el dinero (plata) abundaría como el maíz (cancha).

Acosta es multimillonario. Es dueño de tres universidades privadas, tiene un canal de televisión, un equipo de fútbol y el partido político que fundó tiene varios congresistas en el Legislativo peruano.

Recientemente, mientras aguardaba el dictado de la sentencia, Acuña declaró que la bancada de Alianza para el Progreso es “un comodín” que “se acomoda siempre a las circunstancias”.

Biografía

Plata como Cancha fue publicado en febrero de 2021 y en mayo Acuña interpuso la demanda. Según éste, tiene por lo menos 55 frases difamatorias. Aunque el juez consideró que unas 20 no encuadraban en esa definición, admitió su reclamo.

La obra cita a varias personas y documentos judiciales que, entre otras cosas, exponen que el político y empresario plagió documentos universitarios, malversó fondos públicos y fue violento con su ex esposa.

Según Acosta, uno de los puntos que le molestó a Acuña fue que haya revelado que tres ex secretarios de Vladimiro Montesinos lo identifican a él como uno de los que visitaba el servicio de inteligencia.

El periodista resaltó que se trata de declaraciones que se ventilaron en el Congreso y que él se limitó a transcribirlas.

Al respecto, el juzgador afirmó que, ante ausencia de fallo condenatorio sobre aquellas acusaciones, el escritor vulneró el honor del empresario. “No hay investigación finalizada”, planteó varias veces al abordar el tema del servicio de inteligencia y Montesinos.

Conforme los estándares internacionales de libertad de expresión, el criterio del magistrado va en contra del derecho que tienen los periodistas a documentar denuncias; ello así porque ningún medio podría reportar acusaciones de ciudadanos contra personajes públicos si no hay sentencia.

En un comunicado, l a Asociación Nacional de Periodistas del Perú sostuvo que es reprobable que el juez Vega “desestime frases utilizadas en el legítimo uso de la cita textual bajo el argumento de no haber sido corroboradas por fuentes confiables”.

“En un claro exceso de sus facultades, el juez Raúl Jesús Vega ha interpretado y sentado peligroso precedente sobre qué fuente periodística es confiable o no. Bajo esa concepción, en adelante, ningún periodista podrá citar dichos de terceros bajo el riesgo de ser demandado por difamación. Ello cercena la actividad periodística y, en consecuencia, la democracia”, enfatizó.

Por su parte, el declaraciones al diario español El País, el abogado del periodista, Roberto Pereira, expuso que jurídicamente no se exige prueba de la veracidad de lo que otra gente dijo sobre una persona sino que las fuentes sean verosímiles, que se las identifique y que no se las distorsione; es decir, que haga un reporte fiel de las afirmaciones.

Además, el letrado destacó que Acosta intentó contactar a Acuña por distintas vías para tener su versión de los hechos, otro de los requisitos para hacer un reporte fiel, pero no obtuvo respuesta.

Sobre la acusación en su contra como director de Random House en Perú, Pimentel sostuvo que todos los abogados que consultó le dijeron que el planteo del político era absurdo y definió el decisorio como una “aberración jurídica”.

“Yo creo, y esto es mi lectura personal, que se está tratando de encarecer la publicación de estos libros de investigación”, añadió.

América Latina

El trabajo periodístico está bajo amenaza en Latinoamérica.

Uno de los hechos más resonantes en contra de la libertad de expresión en la región ocurrió el 1 de abril del año pasado, en Venezuela, cuando la escritora y periodista Milagros Mata Gil y su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, quedaron detenidos por postear un artículo satírico en Facebook.

Redactado por Mata Gil y titulado “Fiesta Mortal”, versaba sobre un casamiento celebrado en febrero, en el Club Sirio de Puerto La Cruz, al que asistieron unas mil personas -entre ellas, el fiscal General Tarek William Saab-. Luego de relatar cómo fue el evento, que se desarrolló sin cuidados sanitarios, la novelista aventuró que podría haber sido el inicio de una secuencia de 600 contagios de coronavirus en la zona. Las autoridades privaron de su libertad a Mata Gil y a su cónyuge y les imputó “instigación al odio”, un delito contemplado en la polémica Ley Contra el Odio, aprobada por la ya desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, netamente chavista, que asumió de facto la labor legislativa mientras el Parlamento tuvo mayoría opositora.

Mata Gil y Muñoz, ambos mayores de 70 años, fueron liberados 24 horas después pero con restricciones, como la prohibición de hablar sobre su caso.

Poco antes, luego de un litigio que duró seis años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela condenó al diario El Nacional a pagarle más de 13 millones de dólares (fijados en petros, la criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018) al actual diputado Diosdado Cabello, como indemnización por presunto daño moral.

El Nacional, fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva, dijo que la sentencia era “una persecución política” y aseguró que Cabello buscaba “perpetrar una expropiación encubierta” para pasar a ser “propietario y editor”.

El caso se generó a mediados de 2015, cuando el poderoso dirigente socialista demandó a El Nacional por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. En junio de 2018, un juez admitió la pretensión de Cabello y le ordenó a El Nacional que lo indemnizara con cerca de 13 mil dólares. Voceros del régimen sugirieron que si El Nacional no desembolsaba esa suma, Cabello pondría en marcha una “medida de aseguramiento” de sus instalaciones. Cabello ironizó sobre una posible expropiación en las redes sociales, a través de la cuenta de su programa de televisión, transmitido por el canal estatal VTV, al publicar una foto del edificio donde funciona el diario con el comentario “le vendría bien una pinturita roja”.

SIP

Horas después de que se conoció el decisorio del TSJ, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo definió como “expoliación” y “grave atropello”.

Citó un proceso similar que se llevó a cabo en Ecuador, durante la presidencia de Rafael Correa, en 2011, cuando el periódico El Universo fue sentenciado a pagar 40 millones de dólares y sus directivos y un columnista fueron condenados a tres años de prisión, luego de que el ex mandatario ganara la demanda por injurias que había promovido.

Durante más de una década como presidente (enero de 2007- mayo de 2017), Correa emprendió una suerte de cruzada en contra de la prensa que dañó el ejercicio del periodismo en Ecuador. Demandó a noticieros y a periodistas por difamación y denunció a reporteros independientes como “gacetilleros corruptos”.

Cuando Lenin Moreno lo relevó en el Ejecutivo y rompió con él, César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización defensora de la libertad de expresión con sede en Quito, sostuvo que el gobierno de Correa dejó “una generación entera de periodistas que piensa que está bien que el Gobierno les diga cómo hacer su trabajo”.

Por su parte, Arturo Torres, editor y columnista del diario El Comercio, comparó recuperarse de los ataques de Correa con reponerse de “un gran trauma”. El caso más resonante durante la década que Correa presidió Ecuador fue cuando ganó la demanda por difamación por 40 millones de dólares en contra de un columnista y de los propietarios del diario de Guayaquil El Universo. El fallo amenazó con llevar a quiebra al medio, hasta que Correa decidió “perdonarlo”, en 2012. Antes, aseguró que no acataría el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se suspendiera la sentencia.

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