Perforan piso regulatorio mínimo por surgir un monto exorbitante de honorarios

En la causa se valoraron las tareas desarrolladas por los abogados intervinientes. El tribunal concluyó que su dificultad no ameritaba el elevado monto que resultaba de aplicar las normas arancelarias

Al advertir de que la aplicación del Código Arancelario (CA) llevaría a una regulación exorbitante de honorarios a favor de los abogados de la demandada ABN AMRO Bank NV, en el pleito que resultó vencida la Municipalidad de Córdoba, la Cámara 8ª en lo Civil y Comercial de Córdoba se apartó del piso mínimo dispuesto por las normas arancelarias y estableció como justo y equitativo regular los estipendios en 2% del monto discutido en la causa.

La alzada interviniente por reenvío del Tribunal Superior de Justicia analizó los recursos de los letrados Mario Martínez Crespo y Facundo Martínez Crespo y por la Municipalidad de Córdoba en contra de la regulación de honorarios fijados en $13.669.597,36 más $2.870.615,44 para cada uno de ellos en concepto de IVA sobre honorarios.

La cámara, integrada por los vocales Gabriela Eslava y Héctor Liendo, sostuvo que la aplicación estricta del artículo 36, CA, sobre la base regulatoria resulta inconstitucional pues lleva a un resultado excesivo y desproporcionado en relación con la labor que se pretende retribuir.

El fallo destacó que el respeto al derecho de propiedad de la condenada en costas supone que la obligación a su cargo guarde relación con la tarea desplegada por los letrados beneficiarios, concluyendo que es notoria y ostensible la desproporción que deriva de aplicar los mínimos arancelarios, así como entre la suma fijada por el juez y el trabajo realizado en primera instancia por los letrados solicitantes.

Juicio abreviado

Los vocales advirtieron de que la tarea profesional cuya regulación se solicita consiste en la desarrollada en un juicio abreviado que, sin perjuicio de otras presentaciones, está dada por la contestación de demanda/oposición de excepciones/ofrecimiento de prueba y que la prueba ofrecida por su parte consistió únicamente en prueba documental, instrumental e informativa.

El tribunal observó que al efectuar la labor central (el acto de contestación de demanda-oposición de excepciones y ofrecimiento de prueba), la relación jurídica sustancial existente entre las partes de este proceso se encontraba en litigio en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el cual ya se había declarado competente para entender en la materia y había hecho lugar a la pretensión ejercida por la demandada.

La alzada agregó que, dado que la cuestión debatida era la misma, el proceso concluyó en virtud de la incompetencia reconocida por los tribunales intervinientes y, por el efecto de cosa juzgada derivada de las resoluciones dictadas en aquellas causas, resulta innegable que, al menos parcialmente, la tarea de los letrados se vio simplificada pues la posición de su representada ya se encontraba definida y acogida por el tribunal.

La decisión señaló que si bien el valor del presente pleito está dado por los certificados impagos, no puede soslayarse que el tratamiento dado a la cuestión de fondo quedó siempre en un segundo plano, algo que ya se encontraba zanjado en otro pleito al momento de la contestación de demanda.

Esfuerzo probatorio

Además, los vocales ponderaron que el esfuerzo probatorio se dirigió mayormente a acreditar la causal de incompetencia, mientras que la cuestión de fondo se abordó mínimamente con escasos elementos probatorios, destacando que las reglas de la experiencia demuestran que cuando se trata de cuestiones de gran valor en las que intervienen profesionales en la prestación de un servicio, como podría ser el de los escribanos en un complejo negocio de gran cuantía o el de los arquitectos en la construcción de una gran torre, los honorarios profesionales suelen establecerse en pequeños porcentajes del valor del asunto, como ser de 1% a 3%.

Por lo expuesto, la cámara consideró justo y equitativo fijar el porcentaje regulatorio de los honorarios de los letrados en 2% de la base regulatoria, lo que da la suma de $5.467.838,95 más 21% en concepto de IVA sobre honorarios, atento al carácter de responsables inscriptos acreditado por ambos letrados, y agregó que los honorarios regulados devengarán un interés moratorio equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central, más 2% nominal mensual desde la fecha de regulación (26/5/2014) y hasta su efectivo pago.