ESCUCHARLos trabajadores de la fábrica de parabrisas CIVE solicitarán ante el Jurado de Enjuiciamiento y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba (Jury) la destitución de la jueza Marcela Antenucci, quien está a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 52ª Nominación de Concursos y Sociedades N° 8 de Córdoba y entiende en el proceso de quiebra de esa empresa.
Gustavo Valdéz, quien representa a los trabajadores de la planta, adelantó a Comercio y Justicia que denunciarán a la magistrada por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento del derecho, a la vez que apelarán cualquier decisión que tome en contra de la propuesta de los empleados, que pretenden conformar una cooperativa de trabajo para continuar con las actividades de la firma.
Paralelamente a la vía judicial, en la que también está por resolverse una denuncia penal en contra de los responsables de la fábrica por administración fraudulenta y presunto vaciamiento, el personal de CIVE aguarda que se apruebe en el Concejo Deliberante una ordenanza que les habilite la ocupación temporaria de las instalaciones para volver a producir.
“Es el primer paso a la expropiación”, aclaró Valdéz, quien informó que buscan que por un plazo de dos años el Estado les ceda en comodato las instalaciones. El proyecto fue presentado a los ediles por los operarios que ocupan la planta situada al sur de esta Capital y podría comenzar a ser evaluado en comisión a partir de hoy.
Cabe recordar que con la intención de hacerse cargo de la fábrica, los operarios se presentaron en la Justicia y solicitaron que se los constituya como acreedores privilegiados de la quiebra a partir de sus créditos laborales. Si bien existe una oferta del principal acreedor privado, Hugo Ardiles, para quedarse con la planta, los trabajadores aseguraron que este empresario fue parte del proceso que llevó al cierre de la compañía.
CIVE quebró el 26 de marzo pasado y la jueza Antenucci ordenó el cese de actividades para no generar un pasivo mayor. El juzgado dispuso un llamado a licitación pública para la venta “ad corpus” de la firma como empresa en marcha, dedicada a la fabricación industrial de cristales templados y laminados para automotores y vidrios en general. En el momento del cierre prestaban tareas 75 operarios, pero en su época de máxima producción llegaron a trabajar en la planta 400 empleados.
