ESCUCHAREl Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos informaron su “seria preocupación” por el fallo y lo consideraron “xenófobo y transfóbico”.
Luego de que se conoció el fallo en el cual el juez Juan José Ruiz, titular del Tribunal en lo Criminal Número 1 de La Plata, condenó a cinco años y tres meses de prisión a una travesti peruana (por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización) tomando como agravante su condición de extranjera, varias entidades y el cónsul de Perú manifestaron su repudio. La defensora de C.S. adelantó que apelará la sentencia, ya que la considera discriminatoria, y sostuvo que cuando Ruiz alegó que “los jueces deben caerles con mayor peso de la ley a los extranjeros” demostró que es xenófobo.
Por su parte, el cónsul de Perú, Carlos Chocano Burga, declaró que confía en que la Justicia argentina “va a corregir la sentencia”.
Asimismo, expresó que “el derecho internacional es claro en el tema de la igualdad” y que el tema no da lugar a muchas interpretaciones.
También destacó que al consulado le corresponde velar porque los derechos de los ciudadanos peruanos se respeten y detalló que hay funcionarios asesorando a la condenada.
Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata pedirá que se le inicie un juicio político al juez y adelantó que lo denunciarán ante el Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (Inad)i.
En su momento, el juez valoró como agravante la condición de extranjera de la encartada.
Ruiz entendió que C.S. “menospreció al país que le dio cobijo” ya que, “en vez de venir a trabajar” se radicó en Argentina para “fabricar y traficar veneno”.
En esa línea, manifestó que no estaba de acuerdo con los juristas y doctrinarios que entienden que es inconstitucional agravar la condenas o, llegado el caso, expulsar del país a un extranjero que delinque. “Si bien el principio básico del derecho asume que todas las personas son iguales ante la ley, eso no es tan cierto ni absoluto”, adujo el magistrado.
Ruiz valoró que con base en las normas constitucionales y el Preámbulo se puede restringir, limitar y gravar la entrada y permanencia de aquellos extranjeros que “en vez de venir a trabajar vengan a robar; que en lugar de mejorar las industrias, vengan a fabricar y traficar con ‘veneno’ (droga) o que en en vez de venir a introducir y enseñar, vengan a asesinar y violar”; ello así, porque con tales actos no se afianza la Justicia ni se consolida la paz interior ni la unión nacional.
En su fallo, consideró un agravante de la pena, en los términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal, que el hecho analizado fuera cometido por un extranjero y estimó que era procedente hacerlo “por ser una medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral y la salud públicas y los derechos y libertades”.
En tanto, se refirió a que la condenada se dedicaba a la prostitución y expresó que su accionar debía ser repudiado por las “trabajadoras de la noche” que -según plasmó- nada tienen que ver con sus actividades ilícitas, ya que “tendió un halo de sospecha sobre las demás”.
“Este delito hace pensar a muchos que todos los travestis de la zona roja venden droga, cuando seguramente son algunos pocos”, consignó finalmente.
Pernicioso
Por su parte, la Defensoría General de la Nación sostuvo que la sentencia “alerta sobre el tratamiento judicial prejuicioso que asocia la nacionalidad, la prostitución y la identidad trans con la comisión de delitos”.
Asimismo, recordó que los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación vedan las distinciones arbitrarias sobre la base de la nacionalidad y la identidad de género de las personas y que esas obligaciones alcanzan a todas las autoridades públicas, sean nacionales, provinciales o municipales”.
En tanto, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos informaron sobre su seria preocupación por el fallo.
El observatorio denunciará el fallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se presentará como amicus en la causa.
